SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — El gobierno abrió el lunes un periodo de 10 días para recibir sugerencias sobre su propuesta de reglamento para que las personas nacidas en el país que nunca fueron inscritas en el registro civil, en su mayoría de origen haitiano, puedan optar por el estatus de inmigrantes.
La Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo explicó que todos las sugerencias, recomendaciones deberán ser enviadas por correo electrónico para su ponderación antes de la puesta en marcha del reglamento.
Varias organizaciones de derechos humanos han insistido que la decisión del gobierno afectará a cerca de 200.000 personas, en su gran mayoría descendientes de inmigrantes haitianos, aunque no existen estimaciones oficiales.
La Consultoría Jurídica explicó en un desplegado de prensa que la propuesta permitirá que los nacidos en el país de padres extranjeros sin permiso de residencia y que no cuenten con acta de nacimiento puedan optar por un estatus migratorio y luego de dos años por la naturalización.
Los solicitantes deberán comprobar que nacieron en territorio dominicano mediante el acta médica de su nacimiento o con declaraciones juradas de sus conocidos y familiares.
El proyecto de reglamento vendrá a «agravar y profundizar aún más las violaciones constitucionales» porque otorgará privilegios a un grupo de personas para que obtengan la residencia y más tarde la nacionalidad, consideró el lunes el abogado Trajano Vidal, presidente de la organización no gubernamental Fundación Justicia y Transparencia.
Consideró que a diferencia del procedimiento normal, el reglamento establece que una vez que sea inscrito como extranjero residente en el país, el beneficiario del proyecto podrá optar al término de dos años por la ciudadanía dominicana, con la «casi ausencia de requisitos previos para la naturalización».
El reglamento tiene como meta poner en marcha una reciente ley que busca solucionar el conflicto surgido por un fallo del Tribunal Constitucional, que en septiembre del 2013 ordenó abrir juicios individuales para anular la nacionalidad de todas las personas nacidas en el país desde 1929 de padres inmigrantes sin permiso de residencia.
Varios grupos de derechos humanos consideran, con base en una encuesta auspiciada por Naciones Unidas, que cerca de 210.000 descendientes de inmigrantes haitianos serían afectados por la desnacionalización ordenada por el Tribunal Constitucional.
