El gobierno dominicano emitió un comunicado en respuesta a las declaraciones del señor William O’Neill, experto independiente en derechos humanos para Haití del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. El comunicado busca aclarar la posición del gobierno dominicano sobre la repatriación de inmigrantes haitianos irregulares y realizar algunas precisiones al respecto.
En primer lugar, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) señala que, a pesar de ser el único país que comparte una frontera terrestre con Haití, República Dominicana no puede asumir la responsabilidad total de garantizar el bienestar social de los haitianos debido a su propio estatus como país en vías de desarrollo.
Argumenta además, que esta responsabilidad recae en primer lugar en el Estado haitiano y, en su defecto, en la comunidad internacional. El deber principal del gobierno dominicano, según el comunicado, es con los ciudadanos dominicanos.
El comunicado explica que el flujo migratorio masivo de haitianos en los últimos años se ha vuelto insostenible para República Dominicana. Durante el año 2022, el país deportó a 120,900 extranjeros irregulares, en su mayoría de origen haitiano. El gobierno dominicano sostiene que acoger una cifra tan alta de inmigrantes irregulares sería imposible sin generar graves conflictos sociales y una presión inadmisible en el presupuesto nacional.
El impacto en el gasto público de los servicios sociales brindados a los migrantes irregulares es otro aspecto resaltado por el gobierno dominicano.
Según las estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS), en 2018, el 12.5% de los nacimientos registrados en la red pública correspondían a madres haitianas. Esta proporción ha aumentado significativamente en años posteriores, alcanzando el 34% hasta mayo de 2023. El gobierno dominicano enfatiza que es el contribuyente dominicano quien asume el costo de estos servicios.
Además, el gobierno dominicano destaca la crisis política, de seguridad y humanitaria que enfrenta Haití. Hace referencia a la solicitud del primer ministro haitiano, Ariel Henry, de enviar una fuerza internacional de seguridad para ayudar a la policía haitiana. Según el gobierno dominicano, este paso es fundamental para iniciar un proceso de reconstrucción en Haití, y la comunidad internacional debería redoblar sus esfuerzos en ese sentido.
El comunicado concluye instando a las Naciones Unidas a tener cuidado en sus pronunciamientos para no fomentar la emigración irregular haitiana como solución a los problemas que enfrenta ese país. El gobierno dominicano espera que las Naciones Unidas se concentren en contribuir al restablecimiento de la paz, la seguridad y la institucionalidad democrática en Haití.
En última instancia, el gobierno dominicano enfatiza que la situación interna de Haití nunca será un impedimento para la aplicación plena de la legislación dominicana. Como un Estado social y democrático de derecho, tomará soberanamente las decisiones que mejor se ajusten a sus intereses nacionales.
