La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, pidió la expulsión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de un regidor acusado de presunto abuso sexual contra su propia nieta, al tiempo que condenó otro caso reciente de maltrato infantil ocurrido en una guardería.
Peña calificó los hechos como graves y aseguró que el caso debe recibir todo el peso de la ley. La funcionaria indicó que, ante acusaciones de esa naturaleza, el dirigente político no debería permanecer en las filas del partido oficialista.
“Es inaceptable”, expresó la vicepresidenta al referirse tanto a las denuncias contra el regidor como a las imágenes que circularon recientemente, donde se observa a una profesora presuntamente maltratando a una niña en una guardería.
La vicepresidenta afirmó que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades en ambos casos y aplicar las sanciones que establece la ley.
Peña manifestó su consternación al recordar las imágenes del presunto maltrato infantil. “Fíjense que no me salen ni siquiera palabras cuando uno vio esas imágenes”, expresó, al subrayar la gravedad de lo ocurrido.
Asimismo, confió en que las personas responsables de esos hechos “terribles” enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
PUEDES LEER:
Llamado a centros educativos y padres
Durante sus declaraciones, la vicepresidenta también exhortó a los propietarios y responsables de centros educativos a estar más atentos a lo que sucede dentro de sus instituciones para evitar situaciones de violencia o abuso contra menores.
De igual forma, llamó a los padres y tutores a involucrarse aún más en la vida de sus hijos. Esto con el fin de fortalecer la vigilancia y la protección de los niños.
PRM analiza situación del regidor
Sobre el caso del regidor acusado, Peña explicó que el PRM ya ha iniciado discusiones internas para abordar la situación, aunque indicó que también esperan el avance del proceso judicial.
La vicepresidenta reiteró que hechos de esta naturaleza deben ser investigados a fondo. También que las autoridades deben actuar conforme a la ley para garantizar justicia a las víctimas.
