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La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, valoró el reconocimiento hecho por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a los esfuerzos del presidente Luis Abinader en la lucha contra la corrupción y la mejora del clima de inversión en el país.
A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Peña expresó: “Agradecemos al Departamento de Estado (@StateDept) por reconocer que la República Dominicana avanza con un clima de inversión positivo, con un marco jurídico que combate la corrupción e impone sanciones penales a los funcionarios corruptos”.
El comentario de la vicemandataria se produjo tras la publicación del documento “Declaraciones de Clima de Inversión 2025: República Dominicana”, en el que el Gobierno estadounidense destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, la gestión de Abinader ha impulsado arrestos de altos funcionarios tanto oficialistas como opositores.
Avances en transparencia y marco legal
El informe señala que el país cuenta con un marco jurídico que incluye leyes y regulaciones para combatir la corrupción, como la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, que prohíbe adjudicar contratos en situaciones de conflicto de interés. Además, resalta la aprobación en 2023 de la Resolución 416-23, considerada un paso interino con efectos positivos en la transparencia de los procesos de contratación.
Mejora en los índices internacionales
De acuerdo con el Departamento de Estado, la aplicación de las normativas ha mejorado notablemente en la actual gestión. Esto permitió que la República Dominicana ascendiera en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Pasó del puesto 137 en 2020 al 104 en 2024.
El documento también reconoce que persisten desafíos, como la falta de sanciones penales específicas en casos de fraude y abuso en el sistema de contrataciones. Y que esto requeriría una reforma legal. No obstante, valora que la administración actual ha nombrado funcionarios independientes. Y ha fortalecido la autonomía de entidades como la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Procuraduría General de la República.
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