Santo Domingo, RD. – La procuradora general de la República, Miriam Germán, ha desatado una intensa polémica en el país con su reciente propuesta sobre el trato a las víctimas de la comunidad LGBTIQ. La sugerencia de que todo personal que atienda a una víctima de esta comunidad debe dirigirse a ella de acuerdo al género que exprese ha generado fuertes reacciones tanto a favor como en contra.
Las redes sociales se han convertido en el escenario principal donde personalidades políticas y líderes religiosos han expresado sus opiniones divididas sobre esta petición. El pastor evangélico Feliciano Lacen ha calificado la propuesta como una violación de la Constitución dominicana en lo que respecta a la libertad de expresión y pensamiento. Argumentando que no se trata de una cuestión de preferencia.
Por otro lado, Omayra Álvarez ha expresado su preocupación ante la medida, mientras que el dirigente político Vinicio Castillo la ha calificado de ilegal. Sim embargo, Castillo argumenta que la solicitud de Germán debería aprobarse a través de una ley en el Congreso antes de poder aplicarse.
Dilcia Leticia Jorge Mera, por su parte, ha destacado que el país avanza a pesar de esta controversia y ha respaldado la medida de Germán. En contraste, el también dirigente político Carlos Peña ha cuestionado la base legal de la propuesta y ha sugerido que la procuradora está promoviendo el lobby LGTB y la destrucción de la familia.
Miriam Germán y su opinión de la violencia de género
Miriam Germán ha dejado claro que los casos relacionados con violencia de género deben ser referidos a unidades especializadas después de tomar la denuncia y realizar las primeras diligencias de protección. Además, ha enfatizado que en respeto a la identidad y orientación de género, el personal debe dirigirse a las víctimas de la comunidad LGBTIQ de acuerdo a su género expresado, manteniendo siempre la discreción sobre los datos revelados.
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La procuradora también ha señalado que en casos que involucren a niños, niñas o adolescentes, se informará a la Dirección Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio Público para prestar la asistencia correspondiente. En situaciones de alto riesgo, se tomarán medidas de seguridad y cautelares urgentes.
Esta propuesta, emitida el primero de septiembre, se considera de aplicación obligatoria, inmediata y general. Pero con la posibilidad de excepciones que requieran la autorización de la Dirección General del Ministerio Público.
