¿Qué le puede pasar a Ángel Martínez por llamarle sinvergüenza y vagabundo al presidente, según la ley?

Santo Domingo, RD – Las recientes declaraciones del comunicador Ángel Martínez, conocido en redes sociales como “el detective”, traen una vez más a la mesa el tema de cuáles son los límites de la libertad de expresión en la República Dominicana, luego de que, tras ser arrestado en Puerto Plata, arremetiera contra el presidente Luis Abinader llamándolo “sinvergüenza”, “vagabundo” y “pendejo”.

Martínez fue conducido este martes al Departamento de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Fiscalía del Distrito Nacional, tras no comparecer a una audiencia judicial por difamación, en un caso incoado por el diputado oficialista Sergio Moya, conocido como “Gory”.

Mientras era trasladado por agentes del Dicrim, Martínez gritó:

“Díganle a ese sinvergüenza… al presidente de la República, Luis Abinader, a ese sinvergüenza. Vagabundo. Que a mí no me va a callar… pendejo”.

Además, denunció públicamente que las autoridades le confiscaron sus pertenencias durante su arresto:

“Díganle al Dicrim que me devuelvan mis bienes, que me devuelva mi teléfono. Me quitaron todo”.

¿Puede Ángel Martínez enfrentar consecuencias legales por insultar al presidente?

Aunque en la República Dominicana la libertad de expresión está garantizada por la Constitución, también existen normativas que penalizan los ultrajes a figuras públicas, incluido el jefe de Estado.

El artículo 86 del Código Penal Dominicano establece lo siguiente:

“Toda ofensa cometida públicamente hacia la figura del jefe del Estado se castigará con prisión de seis meses a dos años y una multa».

El debate de siempre

Muchos consideran que los tribunales dominicanos han sido cautelosos al sancionar penalmente expresiones políticas, especialmente si involucran figuras públicas. Sin embargo, cuando las declaraciones se consideran insultantes y sin base factual, pueden ser perseguidas bajo las leyes de difamación e injuria (Ley 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento).

El caso de Ángel Martínez ya está judicializado por una acusación de difamación contra el diputado Sergio Moya, lo que podría agravar su situación.