Santo Domingo, RD – En los últimos meses ha cobrado fuerza la iniciativa de introducir dispositivos electrónicos para vigilar a quienes cometan actos de violencia de género en República Dominicana. Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos legislativos para fortalecer las órdenes de protección y hacer más efectivos los mecanismos de prevención.
¿De qué se trata la propuesta?
En el mes de junio del presente año, el senador por la provincia Duarte, Franklin Romero, presentó ante la Comisión Bicameral encargada de revisar modificaciones al Código Penal una propuesta para permitir el uso de dispositivos telemáticos, como brazaletes, tobilleras o pulseras con geolocalización, cuando se trate de agresores en casos de violencia de género.
Según lo que dispone la propuesta, el juez tendría la facultad de ordenar dichos dispositivos cuando lo considere necesario y bajo una resolución motivada, sobre todo en situaciones de alto riesgo para la integridad física de la víctima.
La idea es que estos dispositivos funcionen como una herramienta para reforzar el cumplimiento de órdenes de alejamiento, de contacto o de restricción, que ya existen en la legislación dominicana, pero que en muchos casos no se cumplen o no se pueden hacer cumplir de manera eficaz sin seguimiento sistemático.
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¿Cuál es el fundamento legal existente?
En el Plan Nacional Contra la Violencia de Género, el gobierno ha reconocido la necesidad de mejorar mecanismos de protección, incluido el monitoreo de agresores.
La normativa actual (el Código Procesal Penal y otras leyes relacionadas) ya contemplan medidas cautelares como órdenes de alejamiento, pero no se ha generalizado el uso de dispositivos electrónicos como medio obligatorio o sistemático.
Ventajas y desafíos que plantea su implementación
Ventajas:
- Mayor seguridad para las víctimas: El dispositivo permitiría saber si el agresor se acerca a la víctima, lo que podría prevenir agresiones físicas o amenazas.
- Mayor responsabilidad legal para el agresor: Saber que hay monitoreo puede aumentar el cumplimiento de las órdenes de protección y tener consecuencias más claras si se viola.
- Potencial como medida preventiva: En caso de riesgo elevado, el monitoreo podría evitar hechos graves antes de que ocurran.
Desafíos
- Costos: Adquisición de los dispositivos, mantenimiento, infraestructura para monitoreo permanente.
- Capacidad institucional: La policía, los jueces y juezas, el Ministerio Público tendrían que coordinar eficazmente para activar alertas y responder a violaciones.
- Garantías de derechos: Se deben definir protocolos claros para uso, protección de datos, tiempo de uso, condiciones de revocación, asegurar que no se use arbitrariamente.
- Cobertura: Que esto no quede solo como una medida para casos mediáticos, sino accesible para todas las víctimas, incluyendo en provincias, zonas remotas.
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Situación actual y próximos pasos
La propuesta de Franklin Romero está siendo evaluada por la Comisión Bicameral que estudia la modificación del nuevo Código Penal.
En paralelo, el gobierno ya tiene contemplado en su Plan Nacional Contra la Violencia de Género varias medidas de protección, asistencia y seguimiento a víctimas.
También se ha planteado la creación de un registro de agresores sexuales que entraría en vigor en 2026 como parte del nuevo Código Penal, lo cual complementa iniciativas como el monitoreo.
Reforma «Déjala Ir» contra feminicidios en RD
El Congreso Nacional de la República Dominicana presentó este lunes la Reforma Integral “Déjala Ir”, una agenda legislativa inédita que aspira a erradicar los feminicidios y filicidios en el país para el año 2035.
El proyecto, encabezado por la diputada Kimberly Taveras, propone un cambio estructural que coloca en el centro la prevención, la educación y la protección integral de las víctimas. La iniciativa, además, incluye la creación del Sistema Nacional del Cuidado, la educación emocional obligatoria en escuelas. Asimismo, la tipificación de la violencia vicaria como delito autónomo.
Entre sus medidas más innovadoras se encuentran la presencia de trabajadores sociales en los centros educativos. Asimismo, la creación de tribunales especializados, el uso de tecnología para monitorear agresores. También, un Fondo Nacional para Víctimas de Violencia que brindará acompañamiento psicológico y terapéutico.
La propuesta recibió el respaldo de más de 70 legisladoras de distintos partidos. Entre ellas, Aracelis Villanueva, Soraya Suárez, María Ortiz, Brenda Ogando y Dharuelly D’Aza. Todas coincidieron en que esta es la mayor iniciativa conjunta de mujeres en la historia del Congreso dominicano.
Durante el acto oficial, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco encabezaron la lectura del Manifiesto Histórico de las Legisladoras, declarando los feminicidios y filicidios una emergencia nacional. “Erradicar la violencia no es tarea solo de las mujeres, es deber de toda la nación”, proclamaron las congresistas.
