Propietarios de centros nocturnos respaldan sentencia sobre horarios de venta de alcohol

Santo Domingo, República Dominicana.- La Unión Dominicana de Propietarios de Centros Nocturnos de Diversión (UDCEND) manifestó su respaldo a la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena establecer una legislación para regular los horarios de venta de bebidas alcohólicas en el país.

Los representantes del sector hicieron un llamado al presidente de la República, al Congreso Nacional y a las demás autoridades competentes para que el proceso de elaboración de la nueva legislación se lleve a cabo mediante el diálogo con los distintos actores involucrados. Consideran que, además de establecer un marco legal claro para regular los horarios de operación de los centros de diversión, la normativa debe ir acompañada de un fortalecimiento de las políticas de seguridad ciudadana. A su juicio, es indispensable incrementar el patrullaje preventivo, mejorar la vigilancia en las zonas de mayor actividad nocturna y coordinar acciones entre la Policía Nacional, los gobiernos locales y los organismos de control, con el propósito de garantizar un ambiente seguro tanto para los clientes como para los trabajadores y residentes de las comunidades.

Pérdidas económicas

Asimismo, indicaron que las restricciones horarias aplicadas durante los últimos años han generado pérdidas económicas. Perdidas para bares, restaurantes, discotecas, centros de entretenimiento y otros establecimientos vinculados a la vida nocturna. Indican reduce el flujo de clientes y limitar las horas de operación. Señalaron que esta situación también ha repercutido en cientos de empleos directos e indirectos. Afecta a camareros, bartenders, personal de seguridad, artistas, músicos, taxistas y suplidores que dependen de la actividad comercial de estos negocios. En ese sentido, expresaron su expectativa de que la futura legislación, que deberá ser conocida por el Congreso Nacional, establezca reglas claras. Además, transparentes y acordes con la Constitución. Ofreciendo seguridad jurídica a los empresarios y garantizando condiciones que permitan el desarrollo de sus actividades. Actividades económicas sin descuidar la protección del orden público, la convivencia ciudadana y el respeto a los derechos fundamentales.