Procuraduría separa de recintos penitenciarios a implicados en muerte exrector Aquino Febrillet

Manifestó sigue firme en que los implicados en el hecho sean sancionados

Santo Domingo, D.N.- La Procuraduría General de la República, acogiendo la solicitud de los abogados de la familia del fallecido exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet, dispuso separar de recintos penitenciarios a los implicados en la muerte del educador.

A través de un comunicado de prensa, la Procuraduría indicó que la medida busca evitar que Blas Peralta, principal sospechoso del asesinato de Aquino Febrillet, junto a los demás implicados en este caso, continúen confabulándose para obstaculizar el desarrollo del proceso que se le sigue en los tribunales.

En tal sentido, informó que el Modelo de Gestión Penitenciaria dejó a Peralta en el Centro de Corrección y Rehabilitación de La Romana, mientras que los demás implicados, el coronel retirado Rafael Herrera Peña, Gerardo Félix Bautista y Franklin Alejandro Venegas, serán trasladados al Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.

La institución indica además que se procedió a realizar el movimiento de estos internos, tras una recomendación a tales fines de la fiscal titular del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, quien favoreció que se acogiera la solicitud de los abogados de la familia Febrillet, para evitar que los imputados se reorganicen con el objetivo de impedir el adecuado funcionamiento de la justicia.

Se recuerda que después de un año de debates, con 11 aplazamientos y tres suspensiones de la audiencia preliminar de este caso, el Ministerio Público logró, el pasado 3 de abril, que Blas Peralta y los demás imputados fueran enviados a juicio de fondo y que se mantuviera la prisión preventiva que fue impuesta en su contra como medida de coerción.

La Procuraduría manifestó que sigue firme en sus propósitos de procurar que los implicados en este repudiable y condenable hecho sean sancionados con la pena máxima de 30 años de prisión establecidas en las leyes del país.