Procuraduría confía en que corruptos de Antipulpo serán condenados

El Ministerio Público solicitó este lunes al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional imponer 20 años de prisión a Juan Alexis Medina Sánchez, identificado como el cabecilla del entramado de corrupción administrativa desmantelado en la operación «Antipulpo». La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) busca no solo esta pena privativa de libertad, sino también el decomiso de todos los bienes muebles e inmuebles vinculados a Medina, incluidos las empresas a su nombre, que, según la acusación, adquirió con fondos provenientes de actos ilícitos.

La justicia persigue recuperar los millones que Medina y su círculo cercano extrajeron del Estado mediante contratos irregulares, tráfico de influencias y un esquema de empresas creadas para lucrarse desde dentro del poder. La acusación formal sostiene que Medina lideraba una red que utilizó su cercanía con el poder político para asegurar adjudicaciones millonarias en instituciones públicas, operando con un sofisticado engranaje de prestanombres, empresas ficticias y funcionarios aliados.

«Un esquema de corrupción que afecta al Estado y a la confianza pública»

Los cargos presentados incluyen estafa agravada contra el Estado, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, complicidad en desfalco, soborno activo, lavado de activos agravado y financiamiento ilícito de campañas políticas. Entre los coimputados se encuentran exfuncionarios y personas cercanas a Medina, como Fernando Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), y Francisco Pagán Rodríguez, exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), entre otros.

Para Carmen Magaly, el Ministerio Público solicitó una condena de 10 años en Najayo-Mujeres, junto con una multa equivalente a 200 salarios mínimos y el decomiso de todos los bienes ilícitos. Asimismo, propuso su inhabilitación para desempeñar funciones en entidades públicas y financieras durante el mismo período. Para otros imputados como José Dolores Carmona y Fernando Aquilino Rosa, la Procuraduría busca imponer una pena de 15 años en Najayo-Hombres y las mismas sanciones económicas.