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Procuraduría apelará orden de entregar US$20 millones a constructora Torre Atiemar

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República recurrirá una sentencia de la Cuarta Sala Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional que ordena la entrega de 20 millones de dólares a la empresa que construyó la lujosa Torre Atiemar. La decisión judicial favorece a la empresa Prado Universal, de la cual era […]

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República recurrirá una sentencia de la Cuarta Sala Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional que ordena la entrega de 20 millones de dólares a la empresa que construyó la lujosa Torre Atiemar.

La decisión judicial favorece a la empresa Prado Universal, de la cual era gerente Arturo del Tiempo Márques, encarcelado en España, en el año 2010, por la introducción a ese país de poco más de 1,200 kilos de cocaína en un contenedor cargado de piezas de mármol. La detención de éste y su posterior condena a 7 años y 6 meses de prisión, en agosto del 2013, devinieron en un enfrentamiento en República Dominicana entre la citada constructora, el Ministerio Público y el Banco de Reservas por la propiedad de la lujosa torre.

En relación a esta nueva decisión que favorece a la constructora, el procurador adjunto, Alfonso Espiñeyra, dijo que la decisión es analizada para proceder a su apelación. El representante del Ministerio Público, quien evitó formular juicio de valor a la sentencia de la Cuarta Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, precisó que además del interés individual, el juez de amparo está obligado a velar por el colectivo.

“Ustedes pueden estar seguros que el Ministerio Público va a recurrir esa sentencia. Hay que estudiarla más a fondo porque es una sentencia, hasta donde pudimos ver, bastante voluminosa”, explicó Espiñeyra.

Para el abogado Amadeo Peralta, la referida sentencia es una estocada a la lucha contra del narcotráfico.

A sus críticas se sumaron legisladores, como  el diputado
Francisco Matos, quienes observan con preocupación que decisiones judiciales ordenen la devolución de bienes e inmuebles de personas vinculadas al lavado de activos.

La decisión de la magistrada Awilda Reyes dispone el pago de un millón de pesos a las autoridades por cada día de retraso en el cumplimento de la decisión emitida.

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