ProCompetencia investiga agentes económicos por presuntas prácticas anticompetitivas en licitación del Inabie

Santo Domingo. La Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia) inició una investigación de oficio contra tres agentes económicos, tras detectar indicios de posibles prácticas anticompetitivas en un proceso de compras públicas del Programa de Alimentación Escolar, convocado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

Los investigados son Ana Esmeralda Santana y Santana de Nova, Andrea Rosaura Polanco Santana e Ireana Milagros Nova Santana, a quienes se les atribuyen posibles conductas de coordinación de ofertas y colusión, según establece la Resolución núm. RII-DE-AAC-001-2026, la primera emitida por la institución en el presente año en esta materia.

De acuerdo con ProCompetencia, durante el análisis del proceso de licitación se identificaron múltiples coincidencias que refuerzan la hipótesis de una posible coordinación entre los oferentes. Entre los elementos detectados figuran vínculos societarios. También el uso de proveedores comunes, así como la participación del mismo notario público y el mismo contador público autorizado en los procesos documentales.

Más hallazgo

Además, se encontraron documentos clave con características similares, como cartas de referencia bancaria con numeración consecutiva. También programas de control de plagas idénticos, elaborados por la misma empresa y ejecutados por el mismo técnico fumigador en fechas coincidentes, lo que, según la entidad, sugiere una posible estrategia coordinada para influir en los resultados del procedimiento de contratación.

“Estos elementos sugieren una posible coordinación para manipular los resultados del procedimiento”, indicó la Dirección Ejecutiva de ProCompetencia en el documento oficial.

La conducta bajo investigación se enmarca de forma preliminar en el artículo 5, literal “b”, de la Ley núm. 42-08, que prohíbe los acuerdos entre agentes económicos para coordinar ofertas en procesos de contratación pública.

La institución aclaró que esta resolución no implica una determinación de culpabilidad, sino que habilita formalmente la fase investigativa. También garantizando el debido proceso y el derecho a la defensa de los involucrados, conforme al principio de presunción de inocencia.