Santo Domingo. – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) publicó este domingo un resumen cronológico sobre el proceso de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT). Este proceso buscaba modernizar el Centro de Control de Tráfico y la red semafórica de Santo Domingo.
Desde que el INTRANT solicitó la licitación en febrero de 2023, la DGCP realizó varias recomendaciones, visitas técnicas y ajustes en el pliego de condiciones. A pesar de estos esfuerzos, el proceso generó controversias y cuestionamientos posteriores.
Adjudicación y surgimiento de denuncias a partir de la acción del INTRANT
El contrato, valorado en 1,200 millones de pesos, se adjudicó a TRANSCORE LATAM en mayo de 2023. Sin embargo, poco después, empresas competidoras como SICTRANSCORE LATINOAMERICA y TRANSCORE LP denunciaron que la compañía ganadora había presentado documentos falsos y credenciales indebidas.
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La DGCP, en su investigación de 99 páginas, confirmó estas irregularidades. Como resultado, en diciembre de 2023, la DGCP anuló el contrato y suspendió a TRANSCORE LATAM del Registro de Proveedores del Estado (RPE).
Proceso investigativo y medidas tomadas
Durante el proceso, la DGCP recomendó mejorar las condiciones de la licitación. Y en abril de 2023 se recibieron las ofertas técnicas y económicas de las empresas licitadoras. No obstante, en octubre, la DGCP decidió suspender provisionalmente el contrato mientras se realizaban investigaciones más profundas.
En noviembre de 2023, se resolvió que TRANSCORE LATAM había presentado documentación falsa. Lo que llevó a la anulación definitiva del contrato y a sanciones severas contra la empresa.
Consecuencias legales y judiciales
Después de concluir las investigaciones administrativas, la DGCP remitió el caso a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) para que se iniciaran acciones judiciales.
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El Tribunal Superior Administrativo también evaluó varias medidas cautelares solicitadas. Pero las decisiones judiciales hasta mayo de 2024 respaldaron las medidas adoptadas por la DGCP, dejando sin efecto las impugnaciones presentadas.
Sanciones y operación camaleón a partir de la gestión de INTRANT
Como resultado de este escándalo, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó prisión preventiva por 18 meses contra varios implicados en la operación Camaleón. Entre ellos, Hugo Beras, exdirector del INTRANT; José Ángel Gómez Canaán, propietario de la empresa Aurix S.A.S.; y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT.
Este caso revela la importancia de la transparencia y el rigor en los procesos de contratación pública, demostrando cómo las irregularidades pueden tener graves consecuencias legales y financieras para los implicados.
