Santo Domingo, RD.- A propósito de la situación en la que se encuentra actualmente el sistema de justicia dominicano, donde el tema de la prisión preventiva se ha convertido en un dolor de cabeza para muchas familias, Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, aseguró que «el sistema de justicia y sobre todo en materia penal ha colapsado«.
Expresó que realizaron un seminario con el objetivo de solucionar la problemática, pero no le hicieron caso. Afirmó además que el Congreso aprobó la ley que rige el sistema penitenciario en la República Dominicana y dio paso a una nueva institución, pero que ni siquiera las autoridades pudieron poner en práctica dicha ley.
«Aquí en estos momentos tenemos 28 mil privados de libertad en total en 42 centros, 18 lugares de estos son Centro de Privación de Libertad (CPL), que era los que estaban en el viejo modelo y 22 son Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR), que era el nuevo modelo. Distribuidos en estos centros tenemos los 28 mil, pero de esos el 65% son presos preventivos, que están cumpliendo medida de coerción«, explicó Manuel María Mercedes.
Conforme al Código Procesal Penal, un privado de libertad en condiciones preventivas es aquel que no sabe el porqué está en prisión: está rodeado del elemento de presunción de inocencia y en consecuencia para eso el legislador fue sabio.
Añadió además que «de ese 65% de presos preventivos tenemos los 28 mil, de los que 18 mil están involucrados, si usted le suma uno por familia, 18 mil familia del pueblo dominicano están sufriendo la indecencia de un colapso y la falta de voluntad de las autoridades para resolver el problema«.
El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos manifestó que el 30% de esos 65% están de manera ilegal porque han vencido más allá del año de prisión preventiva que dice el Código, la Constitución y los pactos. «Son mas de 6000 personas, dentro de esos hay que tienen uno, dos, tres y hasta cuatro años ya vencidos, solamente en su condición de prisión preventiva. Ya ahí hay una pena anticipada que viola los pactos, la Constitución y el Código«, expresó.
Lo correspondiente en caso de cumplirse el tiempo de prisión preventiva es que el legislador obligue al juez que esta apoderado de la instrucción a variar la medida por una de las siete que están en el Código Procesal Penal.
«Entonces eso aquí nada mas se aplica a los de arriba, pero a la mayoría de los de abajo, porque debo decir que más del 70 o 75 por ciento de los privados de libertad su origen son de gente pobre, porque aquí nada más se aplica justicia para los pobres y los de arriba se burlan de la justicia como se ha establecido«, afirmó Mercedes.
Finalmente, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, afirmó que «yo ese 30% de presos preventivos los pusiera todos en libertad aunque se caiga el país para que el Ministerio Público juegue su rol de presentar las acusaciones en el plazo indicado«.
