Celso Juan Marranzini, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), abordó los principales retos que enfrenta el país en un contexto de incertidumbre global. Señaló que República Dominicana tiene grandes oportunidades. Destacó que incluso se sobrepone a los desafíos internacionales. No obstante, advirtió sobre la necesidad de atender factores externos, como los conflictos geopolíticos y los cambios en las políticas comerciales de Estados Unidos.
Respecto al recientemente aprobado Código Laboral en primera lectura, Marranzini lo calificó como «regresivo» e «inoportuno». Argumentó que genera incertidumbre en un momento crítico para la economía. Enfatizó que este código cuenta con «el rechazo total del empresariado» y solicitó llevarlo nuevamente a la mesa de diálogo. Entre sus principales críticas, destacó que el código no aborda adecuadamente la reducción de la informalidad laboral. Actualmente, esta informalidad laboral ronda el 54%.
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Sobre la crisis haitiana y la demanda de mano de obra, Marranzini indicó que el Conep participa activamente en los diálogos del Consejo Económico Social. Siempre se apegan al cumplimiento de la ley migratoria. Promueven la mecanización en sectores que requieren mano de obra, sin apoyar el empleo ilegal.
Crecimiento del 11% en remesas
En cuanto a las perspectivas económicas, destacó el crecimiento del 11% en remesas. También resaltó el liderazgo regional en inversión extranjera directa. No obstante, reconoció que las proyecciones de crecimiento estarán por debajo de lo inicialmente esperado. Respaldó la iniciativa gubernamental «Meta 36» como acertada para impulsar el desarrollo del país.
Marranzini señaló como temas pendientes la reforma educativa, la modernización laboral, la reorientación del gasto público y la reforma fiscal. Comparó la situación actual con la crisis de 1990-1992, cuando el país implementó transformaciones estructurales que sentaron las bases para el desarrollo posterior.
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Finalmente, el presidente del Conep advirtió sobre el equilibrio necesario entre subsidios sociales e inversión pública. Indicó que la capacidad del Estado para aumentar el gasto corriente no es ilimitada. Por lo tanto, debe priorizarse la inversión en infraestructura para dinamizar la economía y generar empleo.