Presidente Abinader promulga ley que dispone fusión de ministerios Hacienda y Economía

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader promulgó este martes la Ley 45-25, mediante la cual se dispone la fusión del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en un nuevo ministerio denominado Ministerio de Hacienda y Economía.

Esta transformación institucional implica también la derogación de la Ley núm. 496-06, del 28 de diciembre de 2006, que creó la entonces Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.

La ley resultó aprobada de urgencia por la Cámara de Diputados en la sesión del 15 de julio de 2025, y previamente sancionada por el Senado de la República el 22 de mayo del presente año. Tiene por objetivo asegurar una articulación más eficiente entre la política fiscal y el sistema nacional de planificación e inversión pública. Esto en coherencia con los principios de eficiencia, sostenibilidad fiscal y buena administración pública.

Fortalecimiento institucional con fusión de ministerios Hacienda y Economía

La nueva legislación reorganiza las estructuras orgánicas de ambos ministerios para consolidarlas en una única entidad rectora en materia económica, financiera y de planificación. Entre los principales cambios que introduce se destacan:

Supresión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), cuyas funciones sustantivas en materia económica, de planificación e inversión pública pasan al Ministerio de Hacienda y Economía.

Transferencia de competencias al Ministerio de la Presidencia en áreas como cooperación internacional, y ordenamiento territorial.

Reorganización de los viceministerios bajo una nueva estructura que comprende áreas como Tesoro y Patrimonio, Presupuesto y Contabilidad, Planificación e Inversión Pública, Política Fiscal, Crédito Público y Economía.

Asimismo, la ley establece al nuevo ministerio como órgano rector del sistema nacional de planificación e inversión pública y del conjunto de políticas macroeconómicas y fiscales del país.

De igual forma, la ley contempla disposiciones específicas para asegurar la continuidad de los servicios públicos. Tambien garantizar la transición ordenada del personal y definir los plazos para la adecuación normativa, presupuestaria y administrativa.

Esta reforma responde a las directrices de la Estrategia Nacional de Desarrollo y al Plan General de Reforma y Modernización de la Administración Pública. Tienen el propósito de dotar al Estado dominicano de estructuras más racionales, eficaces y orientadas a resultados.