República Dominicana puede ser el próximo país de América Latina en tener una Ley de Cambio Climático. El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) adelanta una serie de acciones, entre ellas la presentación ante el Congreso de un anteproyecto de ley que cuenta con el apoyo técnico y financiero del Banco Mundial.
Así lo anunció el vicepresidente ejecutivo del CNCCMDL, Max Puig, quien encabezó este martes el Taller Técnico Nacional de Presentación y Discusión del Borrador del Plan de Acción de la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) para el periodo 2022-2025.
“Este anteproyecto de Ley ya se encuentra en proceso de consulta con todos los sectores de la sociedad. Está a disposición del Consejo Económico y Social (CES) y fue incorporado a las Mesas de Diálogo por las Reformas que coordina esa entidad. Principalmente atendiendo al principio de transversalidad y alta prioridad que implican las medidas para enfrentar el cambio climático”, dijo Puig.
La necesidad de una Ley de Cambio Climático
Explicó Puig que esta iniciativa cuenta con una visión amplia del desafío que representa el cambio climático. Asimismo, sostuvo que puede trabajar en sinergia con otras dos iniciativas legislativas introducidas ante el Congreso Nacional.
En ocasión del Taller Técnico Nacional de Presentación y Discusión del Borrador del Plan de Acción NDC-RD 2022-2025, Puig recordó que este Plan de Acción es fruto de más de un año de trabajo arduo con los especialistas y consultores de mayor nivel del país. También destacó que la NDC de República Dominicana es la herramienta fundamental de planificación nacional que guía la acción climática del país hasta el año 2030. Asimismo, determina las políticas nacionales a aplicar de manera transversal a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
Afirmó que ese sistema de gobernanza climática dominicano garantiza la transversalidad de la lucha por reducir las causas nacionales del calentamiento global. Y se fortalecerá con la aprobación del mencionado anteproyecto de ley. Este reglamentaría el sistema de transparencia reforzada, un elemento que ampliará las capacidades nacionales para recibir financiamiento climático internacional.
