Preocupaciones del sector industrial RD ante la reforma a la Ley de Residuos Sólidos

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industriales de la República Dominicana (AIRD), Mario Pujols, expresó las principales preocupaciones del sector industrial ante la reforma a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana 225-20 o ley de residuos sólidos.

Durante una entrevista en el programa 55 Minutos, conducido por Julissa Céspedes, Pujols destacó que la reforma plantea cinco puntos críticos que podrían afectar significativamente a las empresas del país, especialmente en términos de costos y cumplimiento de normativas.

Uno de los principales puntos de preocupación es el incremento desproporcionado e irrazonable de los montos establecidos en el artículo 36 de la ley, que se refiere a la contribución especial.

Pujols señaló que este aumento podría llegar hasta un 3,750%, lo que representaría un salto de 2,600 millones de pesos a 26,000 millones de pesos anuales para el Fideicomiso de los Sostenibles.

«Según los cálculos que hemos realizado, aprobar un incremento de esa magnitud implicaría que de los 2,600 millones de pesos que actualmente recibe el fideicomiso por concepto de esa contribución especial, estaría recibiendo 20,000 millones de pesos, más unos 5,000 millones adicionales», explicó Pujols.

Otro aspecto preocupante es la obligación de utilizar resina reciclada en los envases de plástico. La reforma exige que, en el primer año de vigencia de la ley, los productores utilicen un 10% de resina reciclada, y que para el 2030 este porcentaje aumente al 30%.

Pujols cuestionó la viabilidad de este requisito, señalando que países como España, con décadas de experiencia en el tema, no han logrado cumplir con estos estándares. «En un breve período de tiempo, se obliga a nuestros productores a cumplir con expectativas que países como España no han podido alcanzar», afirmó.

Polipropileno

Además, la reforma propone el uso obligatorio de combustibles derivados de residuos (CDR) para las empresas productoras de cemento, exigiendo que en el primer año utilicen un 10% de CDR en sus hornos, y que para el 2030 este porcentaje aumente al 30%.

Pujols señaló que esta medida también es difícil de implementar, ya que incluso en países con experiencia en el uso de CDR, como España, no se han alcanzado estos niveles.

Otro punto de controversia es la exigencia de que las tapitas de envases plásticos sean de polipropileno, sin una justificación clara.

Pujols indicó que las tapitas actualmente utilizadas en el país son de polietileno y no han presentado problemas en términos de reciclabilidad o economía circular. «Realmente quedamos un poco deseosos de información adicional sobre este punto», comentó.

AIRD pide estudios que justifiquen incrementos en contribución especial por residuos sólidos

Finalmente, la reforma propone eliminar una disposición que establece que no se pueden crear rellenos sanitarios o plantas de valorización a menos de un kilómetro de empresas, industrias o centros poblacionales de al menos 2,000 personas. Pujols expresó que esta eliminación podría poner en riesgo la certificación y reputación de las empresas, especialmente en el subsector de alimentos y bebidas.

«Si esa disposición se elimina, nada obstaculizaría que se establezca una estación de transferencia al lado de una planta de alimentos, lo que pondría en riesgo todo el tema de certificación y reputación que tanto cuidamos», advirtió.

Pujols también criticó la falta de consulta y socialización del proyecto de reforma, señalando que no se han presentado estudios que justifiquen los incrementos propuestos. «No hemos visto estudios que sustenten la necesidad de someter un proyecto de reforma con nuevos impuestos para el sector de la basura», afirmó.

En conclusión, Pujols destacó que el sector industrial está dispuesto a colaborar en la búsqueda de soluciones, pero enfatizó la necesidad de que las propuestas estén debidamente sustentadas y justificadas. «Nuestra intención es colaborar, formar parte de las discusiones y traer propuestas sobre la mesa, siempre y cuando estén debidamente sustentadas».