Eduardo Jorge Prats advierte que el nuevo Código Procesal Penal es “un traje a la medida del Ministerio Público”

El abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats advirtió que la reciente aprobación del nuevo Código Procesal Penal (CPP) representa “una grave ruptura del equilibrio del proceso penal”, al considerar que la reforma fortalece al Ministerio Público por encima de los derechos de los imputados.

Prats recordó que el país vivió una transformación histórica en 2004 con la implementación del sistema acusatorio, un modelo centrado en garantías constitucionales, oralidad, contradicción y respeto a la dignidad humana. Subrayó que dicho avance fue fruto de un amplio consenso nacional que involucró a abogados, jueces, academia y sociedad civil.

Las declaraciones se ofrecieron durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 PM. El jurista lamentó que la reforma actual se aprobara “de manera acelerada”, sin un proceso riguroso de discusión.

Reforma apresurada genera caos jurídico

Prats aseguró que el Congreso desaprovechó la oportunidad de corregir la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la reforma de 2015 por un vicio formal. Señaló que lo correcto habría sido restituir ese texto, abrir un debate técnico y permitir que una comisión de juristas especializados liderara el proceso.

El abogado criticó que en esta reforma “se consagraran por ley malas prácticas jurisprudenciales”. Especialmente en lo relativo a los plazos procesales y el principio de favorabilidad. Explicó que, en vez de fortalecer las garantías del debido proceso, el nuevo CPP incorpora criterios que ya se rechazaron por decisiones constitucionales vinculantes.

Asimismo, Prats advirtió que muchos de los cambios aplicados de manera inmediata, sin periodo de vacatio legis, generarán caos judicial. Ya que jueces, fiscales y abogados deberán aprender y aplicar una norma extensísima sin tiempo para capacitarse ni analizar su contenido.

A su juicio, esto podría conducir a un escenario de “anarquía procesal” donde cada juzgado interprete de manera distinta cómo se aplican las disposiciones. “Los jueces terminarán accediendo al principio de favorabilidad y, en la práctica, usarán el código anterior”, afirmó.

Prats también señaló que el nuevo CPP terminará afectando a los mismos actores que hoy lo impulsan: “En República Dominicana, los clientes permanentes del sistema penal son los pobres y los políticos cuando están en la oposición. Lo que hoy parece conveniente, mañana puede volverse en contra”.

El jurista consideró inevitable que la reforma se lleve ante el Tribunal Constitucional y que, en los hechos, muchos jueces comenzarán a cuestionar la aplicabilidad de varios artículos. “Esto no termina aquí, este es apenas el comienzo de un debate profundo que el país tendrá que enfrentar”, concluyó.