- Sobre Duquesa: «Era un caso que tenía muchos elementos para salir victoriosos. Si se hubieran tomado todas las acciones que varios actores debían tomar»
La República Dominicana fue condenada a pagar una factura de más de 2,000 millones de pesos a favor de la empresa Lajun Corporation. Esto tras perder el reciente arbitraje internacional por los terrenos del vertedero de Duquesa.
Además, la estrategia de defensa y el juicio generó un costo que supera los 294 millones de pesos.
Desde la óptica de Leidylin Contreras, especialista en procesos de litigación internacional y exsubdirectora de Comercio Exterior (Dicoex), una dirección que pertenece al Ministerio de Industria y Comercio, el país perdió por falta de acción en el orden penal correspondiente a algunos de los involucrados.
Pienso que perdió porque muchos actores, muchas instituciones, muchos titulares, no hicieron la tarea que tenían que hacer en el orden penal, en el orden procedimental, en el orden también vinculado al tema de la titulación y las certificaciones de traspasos
Leidylin Contreras
Según explicó la exfuncionaria durante una entrevista exclusiva para Reporte Especial con Julissa Céspedes, la firma que representó el país contaba con muchos elementos para ganar, aunque el resultado fue de fracaso.
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Aun así, defiende el trabajo realizado por la empresa jurídica a cargo de la defensa del país y recuerda la discrecionalidad del tribunal en cada caso.
En arbitraje, el tribunal es el caso, pero siento que pudo haber sido otro el resultado, o al menos, se hubiese tenido la tranquilidad de haber hecho todo lo que estaba en nuestras manos, si se hubieran hecho muchas cosas que se recomendaron y no se hicieron
Leidylin Contreras
Indicó que, en ese proceso, sobre el Dicoex recayó la coordinación. Esta consistía en recopilar todas las pruebas y opiniones de todas las instituciones que formaban parte de ese comité colegiado.
Dicho comité lo integraban los ministerios de Medio Ambiente y de Relaciones Exteriores. También Procuraduría General de la República, Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte.
Hubo investigaciones en el orden penal a las cuales no se les dio curso. Hubo posibles anulaciones del laudo, en específico el laudo de jurisdicción, que pudieron hacerse y no se hicieron
Leidylin Contreras
Cómo fue el procedimiento
Según explicó Leidylin Contreras, en este caso la competencia para coordinar la defensa del Estado ante los arbitrajes de inversión la tiene el Ministerio de Industria y Comercio, y así todos los casos que surgen en virtud de los tratados internacionales de inversión como los Arbitrajes de inversión, es ese ministerio quien coordina la defensa a través del Viceministerio de Comercio Exterior y en su momento también existía la Dicoex.
En la actualidad existe una Dirección de Inversión, Prevención y Defensa. El caso se notifica al amparo del Tratado de Libre Comercio –República Dominicana-Caricom-, es el primer caso al amparo de este Tratado, por lo cual su importancia no queda en la decisión de ese caso, sino que sienta un precedente importante para el país y para y para la región.
¿Qué implica ese precedente?
Implica que otros inversionistas, en condiciones similares, pudieran demandar al amparo de ese tratado a los demás países miembros. Obviamente, cumpliendo con algunas condiciones preestablecidas en el acuerdo de ser inversionista, de haber aportado una inversión conforme se establecen en sus términos y demás.
Contreras explicó que una vez llega el caso y se establece todo un equipo de defensa.
En este caso involucraba como coordinador al Ministerio de Industria y Comercio. A través de esta agencia estaba también la Presidencia representada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo. También estaba el Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo Estatal del Azúcar, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y la Consultoría Jurídica del Ministerio de Industria
Leidylin Contreras
Teníamos todas la de ganar en arbitraje Duquesa
“Era un caso que tenía muchos elementos para salir victoriosos. Si se hubieran tomado todas las acciones que varios actores debían tomar en esa reunión, pues se establecieron acciones importantes tanto del orden penal en como las investigaciones a varias de las personas involucradas”, dijo Contreras a Julissa Céspedes para Reporte Especial.
Pero también el Consejo Estatal del Azúcar tenía unos encargos importantes con relación a la titularidad de los terrenos y los famosos traspasos y las certificaciones. Todos, todas las instancias involucradas, salimos, digamos, con tareas importantes
Leidylin Contreras
Reveló que algunas se hicieron, otros no, pero que también en su momento hubo un laudo de jurisdicción.
Indicó que los procesos arbitrajes tienen una fase de enfriamiento, donde se trata de negociar o de conciliar y lograr una solución mutuamente satisfactoria. En caso de que eso no sea posible, entonces el proceso sigue a la fase arbitral. Ya en la fase arbitral hay una primera fase de jurisdicción donde no se toca el fondo, sino que se cuestiona si estamos frente a un inversionista, si estamos frente a una inversión que lo legitime para usar este mecanismo.
RD no había perdido arbitraje de inversión en los últimos 15 años
Por más de 15 años, el Estado dominicano nunca perdió un solo arbitraje de inversión, aseguró Leidylin Contreras durante la conversación exclusiva.
Lo valoró como un récord que, a su entender, no todo país puede presumir.
Señaló que los proceso de arbitraje no solo son procesos complejos a nivel legal, sino que son demandas económicamente muy cuantiosas que van de 500 y 600 millones de dólares.
El total de casos ganados y o prevenidos rondaba por los más de dos mil millones de dólares.
Este presupuesto el Estado no tuvo que desembolsar y se utilizó en provecho de carreteras, hospitales, escuelas y de mucha gente que trabajó en la sombra mucho tiempo.
