¿Por qué genera descontento el Proyecto de Ley de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales?

Santo Domingo. El proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales ha generado un amplio debate en República Dominicana, particularmente por el contenido del Capítulo IV, que regula el funcionamiento de las plataformas de contenidos en internet. Aunque el texto legal busca establecer garantías para la libertad de expresión y exigir mayor transparencia a redes sociales y buscadores, distintos sectores han manifestado preocupación por los efectos que podría tener en el ejercicio de derechos fundamentales y en la operación de empresas tecnológicas.

«Riesgos de censura previa»

Uno de los principales temores es que las disposiciones del proyecto puedan abrir la puerta a prácticas de censura previa o control indirecto por parte del Estado. Aunque el artículo 19 señala que las reglas de moderación deben ser compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, críticos afirman que el lenguaje del proyecto es lo suficientemente ambiguo como para permitir interpretaciones restrictivas de la libertad de expresión.

«Ambigüedad jurídica»

Conceptos como “afectación a la dignidad” o “restricciones legítimas” no están claramente definidos en el texto, lo que podría dejar un amplio margen de discrecionalidad a las plataformas —o a las autoridades— para determinar qué contenidos deben eliminarse. Organizaciones de la sociedad civil alertan que esta falta de precisión puede ser usada como herramienta para silenciar opiniones incómodas o críticas.

«Carga desproporcionada para las plataformas»

La ley impondría a las plataformas digitales una serie de obligaciones que incluyen la traducción de sus términos de uso al español, la notificación inmediata de cualquier cambio normativo. Además de la explicación detallada de cada moderación de contenido. También la publicación de reportes semestrales sobre restricciones, incluso las ordenadas por gobiernos. Estas exigencias, según expertos del sector tecnológico, podrían representar una carga operativa y económica excesiva, especialmente para plataformas pequeñas o emergentes.

«Intervención en políticas de moderación privadas»

El proyecto también establece que las plataformas deberán permitir apelaciones gratuitas, ofrecer mecanismos visibles de defensa y ser auditables en cuanto a sus algoritmos. Aunque esto apunta a una mayor transparencia, muchos consideran que se trata de una injerencia en las reglas internas de plataformas privadas, que ya aplican políticas globales contra discursos de odio, desinformación o violencia.

«Riesgo de judicialización excesiva»

Otra crítica apunta a que la ley requerirá, en muchos casos, órdenes judiciales para que una plataforma pueda eliminar o desindexar contenido. Esto podría ralentizar procesos urgentes como la eliminación de publicaciones difamatorias, violentas o que afectan la seguridad de menores. En situaciones delicadas, el tiempo de respuesta puede ser crucial.

«Preocupaciones sobre privacidad»

La exigencia de que las plataformas cuenten con responsables legales domiciliados en República Dominicana también ha sido señalada como un potencial conflicto con normas internacionales de protección de datos y privacidad. Además de representar una barrera para el funcionamiento libre de servicios digitales extranjeros en el país.

«Falta de consenso»

Finalmente, varias voces han señalado que el proyecto no ha sido suficientemente debatido con los sectores directamente afectados, como medios de comunicación. También defensores de derechos digitales y académicos. La falta de un proceso participativo ha generado aún más suspicacias sobre las verdaderas intenciones de la normativa.