SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El senador peledeísta por San Cristóbal, Tommy Galán, quien presidió la comisión que rindió un informe favorable para compra por parte del Estado de 8 aviones Súper Tucano, se desvinculó del caso de presunto soborno en dicha operación que es investigada por el Ministerio Público.
Galán dijo este lunes que en el análisis del proyecto de la compra a una empresa brasileña de las aeronaves para combatir el narcotráfico no conoció de soborno alguno y que espera que este caso sea esclarecido.
El legislador por San Cristóbal también desligó al Senado de la República del escándalo de supuesta corrupción. Remitió además a las actas y otros de documentos que sirvieron de base para el análisis del proyecto de compra en la comisión de la Cámara Alta que presidiera. Consideró que ha habido manipulación y tremendismo mediático respecto a las informaciones del caso.
Luis René Canaan es uno de los senadores oficialistas que se involucran en el alegado soborno recibido.
Mientras, el senador por Azua, Rafael Calderón, sostuvo que el Senado no debe pronunciarse sobre este tema porque ya está en la justicia.
Por el caso, la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva impuso tres meses de prisión preventiva en la cárcel de Najayo contra el coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Ramón Piccini; mientras que para los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, el juez Alejandro Vargas dispuso impedimento de salida, presentación periódica y la colocación de brazaletes electrónicos, por lo que sólo podrán circular en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo.
Para el exsecretario de las Fuerzas Armadas, mayor general retirado Rafael Peña Antonio, el magistrado Vargas dispuso impedimento de salida y presentación periódica el primer lunes de cada mes en la Fiscalía del Distrito Nacional. El militar ha dicho que es inocente y que espera que este caso sea debidamente esclarecido.
Las imputaciones son por, alegadamente, aceptar sobornos para la adquisición de las aeronaves en el año 2008, durante el gobierno de Fernández.
El magistrado Vargas declaró como admisible la declaratoria del caso como complejo.
