El procurador general de la República dijo que se impuso la impunidad en la ratificación este miércoles del “no ha lugar” dictado por la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia en favor de Félix Bautista y los otros seis imputados por el Ministerio Público por alegados actos de corrupción.
Francisco Domínguez Brito, durante una rueda de prensa expresó su insatisfacción y posición de repulsa sobre la decisión y a una serie de decisiones “que de manera constante, no por los elementos de pruebas, no por la búsqueda de la verdad, lo que han hecho es que prevalezca en la República el sentimiento de impunidad, el sentimiento de que aquí todo se puede”.
Al expresar su postura contra la decisión del rechazo a la apelación presentada por el Ministerio Público, dijo que “nuevamente vemos en República Dominicana manifestaciones claras de impunidad. Estímulos precisos para que se siga robando, desfalcando, tomado el dinero del pueblo que tanta falta hace a los desposeídos”, deploró.
Durante la lectura del fallo, que duró cerca de tres horas y media, Miriam Brito, presidenta del Tribunal, dijo que la sentencia se logró por mayoría y que contó con los dos votos disidentes.
La magistrada consideró que no existen los elementos para variar el «no ha lugar» dictado en favor de los acusados que son José Elías Hernández, Bolívar Ventura, Carlos Manuel Ozoria, Grisel Araceli Soler, Soraida Abreu Martínez y Bienvenido Bretón Medina.
En tanto, Domínguez Brito dijo que esta decisión marca “lamentablemente” una tradición de décadas en la República Dominicana.
Lamentó también que la justicia no haya actuado como corresponde en “Diferentes casos como el de Bahía de Las Águilas, que en materia penal luego de 15 años no ha sido posible una sanción. Como el Plan Renove, La Liga Municipal Dominicana, Bienes Nacionales o el de diferentes alcaldías como la de San Francisco de Macorís y otras. Como el caso que también conocimos de los invernaderos en el pasado”.
Tras resaltar varias instituciones que han implementado nuevas iniciativas indicó que “de qué vale avanzar con ciertas prácticas de transparencia si la Judicatura Nacional no cumple su deber y su responsabilidad en los casos de corrupción”.
