Santo Domingo, RD. – El Partido Revolucionario Moderno (PRM), con su compromiso con la transparencia y consecuente con los reclamos éticos de la sociedad dominicana, respalda la decisión de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de recomendar al pleno de dicho órgano legislativo proceder con la apertura de Juicio Político a los miembros de la Cámara de Cuenta.
Como puede observarse en el informe presentado al pleno por la Comisión, los miembros de dicho órgano han incurrido en faltas graves. Entienden, que eso traduce en una absoluta pérdida de la credibilidad y capacidad de dicha institución para cumplir con las importantes y delicadas funciones de control que tiene a su cargo.
Cabe destacar que a los miembros de la Cámara de Cuentas les asiste el derecho al debido proceso. Donde cada cual deberá responder por sus actos individualmente.
El país necesita una Cámara de Cuentas competente, independiente y conable. De manera que las decisiones que emanen de su seno sean el resultado de la evaluación objetiva, desprovista de los
intereses políticos y cuyo único fin sea salvaguardar el patrimonio público
Declaraciones del partido oficialista
No estamos ajenos a que existen intentos de partidos opositores de perpetuar la situación que
Dirección ejecutiva PRM
mantiene inoperante a la Cámara de Cuentas, por esta razón condenamos las maniobras de
obstrucción realizadas por parte de los partidos que se oponen al juicio político, con el único de perpetuar la impunidad.
Resulta inexplicable que la oposición política prefiera que continúe la inoperancia y descrédito de un órgano del Estado fundamental para la transparencia. Y el buen uso de los fondos públicos. Quienes se oponen al juicio político, se oponen a la transparencia. En este propósito invitaron a la oposición política representada.
Imputaciones a la miembros Cámara de Cuentas
Al pleno de la Cámara de Cuentas se le imputa 13 faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones, según consta en el informe rendido por la comisión especial de diputados que investigó las supuestas irregularidades entre los miembros del órgano fiscalizador.
De acuerdo al documento, los titulares del órgano auditor merecen un juicio político ante el Senado que conlleve a su destitución por las violaciones a la Constitución, leyes y reglamentos; inoperatividad del pleno de la Cámara de Cuentas por intereses personales de los miembros; ejecución presupuestaria deficiente; asignación ilegal de los fondos públicos; incumplimiento de funciones; vicios de incompetencia; y falsificación en escritura pública.
