SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Pelegrín Castillo, coordinador del Polo Soberano y vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), exhortó a la Junta Central Electoral (JCE) a emplear su poder constitucional para regular aspectos claves del proceso electoral.
A penas ayer, el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, declaró la incompetencia de ese organismo para pedir al presidente Danilo Medina que se tome una licencia en el cargo a causa de sus aspiraciones reeleccionistas. Explicó que hasta el momento la campaña no ha iniciado de manera oficial.
Este sábado, a través de un comunicado, Castillo dijo que “los riesgos para la democracia y las libertades son altos, si las instituciones no juegan su papel: la JCE tiene poder constitucional y debe ejercerlo, más en un momento en que está en curso un proyecto continuista, que no solo pretende ganar sino avasallar y cambiar con pactos muy censurables principios y valores de la dominicanidad. Creemos que la JCE en base a ese texto puede establecer previsiones específicas en relación a la participación del Presidente como candidato».
El artículo 212 párrafo IV otorga un mandato claro y potente a la JCE para reglamentar los tiempos de campaña, fijar límites en los gastos de campaña y disponer acceso equitativo a medios de comunicación, expresó Castillo, quien fue legislador, constituyente y ministro de Energía y Minas.
“Esa facultad no precisa de una ley, la puede ejercitar directamente la JCE, y le haría un gran servicio a la democracia y a la institucionalidad del Estado, que se encuentran amenazadas por un proyecto que más que de reelección es de entronización», explicó Castillo.
El párrafo IV del artículo 212 de la Constitución, según Castillo, es inequívoco al establecer los criterios que deben regir en las elecciones, que son los de equidad, transparencia y equilibrio.
Finalmente, Castillo advirtió que ese reclamo debe ser asumido por toda la oposición y por los sectores más conscientes de la sociedad, “que saben que están en juego la existencia misma de la democracia y del propio Estado, por la actitud de sometimiento que exhibe el gobierno frente a las agendas extranjeras, como se confirmó con la firma en enero de un convenio con USA lesivo a la soberanía nacional”.
