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La Junta Central Electoral (JCE) trabaja en la elaboración de un mecanismo para regular el uso de fondos públicos durante el período de campaña. Las sanciones que establece la ley contra funcionarios que incurren en este ilícito se limitan a la imposición de multas.
Diseñar un mecanismo que evite que el dinero público se utilice para desvirtuar la contienda electoral. Esta es una de las principales tareas que ocupa al órgano comicial.
Aunque la ley de Régimen Electoral prohíbe a los servidores públicos que aspiran a cargos electivos abusar de los recursos del Estado, no deja mucho margen a la JCE para establecer castigos más allá de lo económico.
Las quejas ante la posibilidad de que fondos públicos o de procedencia ilícita financien la campaña están reiteradas, tanto desde la oposición como desde la sociedad civil.
Organizaciones como la Fuerza del pueblo han hecho sus denuncias por escrito.
El presidente de la JCE, Román Jáquez Liranzo, informó que una vez concluido ese borrador se notificará y socializará con los partidos políticos.
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