Santo Domingo, RD.- La respuesta del Gobierno dominicano al informe del Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis migratoria dominio haitiana es valorada como tímida.
La respuesta del Gobierno dominicano al informe del Organización de Estados Americanos sobre la crisis migratoria dominio haitiana encuentra reacciones a favor y en contra. Renteria Montero elaboró la información.
Para el experto en derecho internacional, Norberto Rondón el Gobierno evadió referirse a puntos que consideró delicados contenidos en el informe del organismo regional.
«Aunque valoró la condición de las autoridades dominicanas para reformar el diálogo con Haití.
La reacción del Gobierno ha sido tímida evidentemente contundente, ni respondió lo que debió respoderle al informe de la OEA. El gobierno dominicano se refirió a algo que ni siquiera tenía que decirlo, como tan poco ten que decirlo el informe que la OEA reconoce que República Dominicana tiene derecho a implementar su política migratoria, pero si no tuviéramos ese derecho no fuerámos una nación, libre e independiente, sostuvo, Norberto Rondón
El jurista negó que el en país existan personas de ascendencia haitiana en riesgo de quedar sin nacionalidad, como lo precisó el documento en una de sus observaciones.
El canciller habla de que no existe un conflicto con Haití, (…) claro que existe un conflicto con Haití. Haití ha dicho que no va a recibir a los hijos de haitianos nacido en la República Dominicana, o supuestamente nacidos en República Dominicana. Evidentemente de que eso es un desafío.
A lo que dijo rehuyo referirse el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro.
«El informe está cargado cejos negativos, de manipulaciones falsedad, habla por ejemplo de apatridia lo cual absolutamente falso, aquí en la isla no existe riesgo de apatridia, aquí hay un problema de indocumtentación», afirmó Pelgrín Castillo.
Pelegrin Castillo entiende que vencido el plazo del Plan de Regularización es momemento de que el Gobierno pase de las palabras a los hechos. Sin embargo, desde la Fundación Étnica Integral se apuesta a la vuelta al diálogo.
Los juristas consideraron que el protocolo de deportaciones que debe servir de base es el que acordaron ambos países en el 1999.
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