SANTO DOMINGO, República Dominicana.- José Ángel Aquino, miembro de la Junta Central Electoral (JCE), advirtió que es peligroso que se quiera desacreditar a esa entidad ante la negativa de algunos senadores y diputados de no acogerse a la suspensión de los fondos especiales de ayuda denominados “Barrilito” y “Cofrecito”.
La advertencia de Aquino se da ante la negativa de algunos legisladores a acatar la medida dispuesta la semana pasada por el órgano electoral para asegurar la equidad de competencia entre los candidatos de cara a las elecciones de mayo próximo.
Consideró que la postura de varios congresistas no conviene al montaje del proceso electoral.
La semana pasada la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, dijo que en las primeras sesiones de marzo someterá al pleno la decisión de suspender o no el fondo de ayuda especial entregado a los legisladores denominado “Barrilito”, como propone la Junta Central Electoral (JCE). Lizardo advirtió que el Congreso es soberano y, por tanto, solo su pleno tiene la facultad de decidir si eliminan o no el “Barrilito” y que ni siquiera ella puede tomar esa decisión de forma administrativa.
También la semana pasada, el senador por Azua, Rafael Calderón, consideró que si la medida sirve para transparentar el uso de los recursos en la campaña electoral no se opondría a la eliminación del referido fondo denominado “Barrilito”. No obstante, aclaró que esto no constituye ninguna competencia desleal con los demás aspirantes a cargos congresuales.
Pero sectores de la oposición no logran unificar su discurso sobre tema y unos creen la decisión se queda corta ante la realidad actual.
En otro orden, el pedido de licencia de los funcionarios en campaña parece encontrar sus argumentos entre los ministros como el de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien defendió este lunes su participación en la contienda electoral.
Representantes de la sociedad civil y de la oposición han insistido en la necesidad de que los funcionarios públicos tomen licencia acogiéndose al artículo 80 numeral 13 de la Ley de Función Pública.
