El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció este lunes una presunta crisis de violencia e inseguridad ciudadana en el país y aseguró que el Gobierno carece de un plan efectivo de seguridad.
La organización política llamó la atención de las autoridades y de la ciudadanía sobre lo que considera un aumento de los hechos delictivos. Además cuestionó los resultados presentados oficialmente en materia de reducción de la criminalidad.
Durante una rueda de prensa, la Comisión de Defensa y Seguridad del PLD calificó como preocupante que el Gobierno promueva una supuesta disminución de la criminalidad mientras, según afirman, el país enfrenta una ola de crímenes y violencia.
Yineury Díaz, subsecretaria de la comisión, expresó que existen contradicciones entre las cifras ofrecidas por las autoridades. También los datos publicados por la Procuraduría General de la República, lo que a su juicio genera dudas sobre la transparencia y metodología utilizada para medir los homicidios.
El partido solicitó que se publiquen estadísticas verificables. Las mismas acompañadas de una metodología clara que permita a la población y a los expertos analizar la evolución real de la inseguridad ciudadana.
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Denuncian 51 muertes en supuestos intercambios de disparos
El PLD también advirtió que la violencia se ha normalizado y que incluso ha alcanzado los destacamentos policiales. Según sus datos, en el primer trimestre del año al menos 51 personas han perdido la vida en supuestos intercambios de disparos con agentes del orden.
Ante esta situación, la organización opositora pidió investigar de manera rigurosa e independiente los casos de violencia policial y establecer responsabilidades si se comprueban irregularidades.
Asimismo, planteó que la prevención debe convertirse en el eje central de la política de seguridad pública. También que se deben fortalecer los programas de intervención comunitaria para enfrentar la delincuencia desde sus raíces.
Con estas declaraciones, el Partido de la Liberación Dominicana reiteró su llamado al Gobierno a revisar su estrategia de seguridad. También a garantizar mayor transparencia en el manejo de las estadísticas sobre violencia e inseguridad en el país.
