Los abogados defensores de Ángel Lockward en el caso Calamar, solicitaron este viernes un Auto de No ha Lugar al Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, en favor de su defendido, por considerar que no cometió desfalco contra el Estado ni ningún otro ilícito.
El doctor Nolberto Rondón, quien presentó las conclusiones previamente ante el tribunal que dirige la jueza Altagracia Ramírez, pidió la excepción de constitucionalidad en contra del informe de la Contraloría General de la República calificándolo de falso, hecho por dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para iniciar un proceso penal.
Expresó que a contrapelo el Informe de la Cámara de Cuentas No. 2025/43 ni siquiera menciona a al licenciado Lockward defendido. Además, analizó uno por uno los puntos planteados por el Ministerio Público, los cuales destruyó ante el tribunal.
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Previamente, el Ministerio Público intentó dejar sin defensa al imputado Lockward objetando al doctor Rondón, petición que el tribunal rechazó.
Explicó que el informe de la Cámara de Cuentas de cuatro años a la gestión del exministro de Hacienda. Donald Guerrero, en lo relativo a las expropiaciones, excluye de irregularidades a la mayoría de los casos planteados en el informe de la Contraloría General de la República.
Mientras, que el doctor Escalante demostró que los querellantes con calidad habían retirado sus querellas en contra de Lockward. Precisó que los cuatro abogados que permanecen carecen de calidad y sus clientes no tienen la condición de víctimas.
Defensor de Lockward
El abogado Escalante indicó ante el tribunal que Lockward no aportó dinero al exministro Gonzalo Castillo, sino a Luis Abinader (candidato presidencial en ese entonces). Además, mostró un cheque endosado por este, así como fotos del actual presidente Abinader y de Raquel Peña en actividades de recolección de fondos.
Igualmente, mostró fotos de la actual vicepresidenta Peña en su residencia de La Romana. También una carta del PRM agradeciendo su apoyo a actividades de recolección de fondos para Abinader y Raquel, con lo que demostró que no buscó ni dio dinero al Penco.
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Los juristas Rondón y Escalante concluyeron demostrando que Lockward actuó como abogado. Indicaron que este solamente cobró honorarios como tal y por ellos pagó sus impuestos. Asimismo, demostraron que todas sus propiedades y las de sus empresas las adquirió entre 1986 y el 2006, antes de los pagos investigados.
