Santo Domingo, RD.- Las organizaciones Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans, y TRANSSA-Trans Siempre Amigas punto focal en Republica Dominicana de la Red Regional de Información sobre Violencias LGBTI en América Latina y el Caribe, el Observatorio -SinViolencia LGBTI, y el Observatorio de Derechos Políticos y Electorales de las Personas Trans, demandan del Estado dominicano el cumplimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a servicios básicos de calidad y sin discriminación a las personas LGBTIQ+, conforme a la constitución dominicana, los pactos y convenios internacionales y los compromisos asumidos por el Estado ante organismos de derechos humanos.
Christian King dirigente de TRANSSA expresó «en la República Dominicana, la comunidad LGTBIQ+ no contamos con garantías de nuestros derechos, los cuales se ven violentados de manera constante y limitan el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía como personas LGBTIQ+. Sin embargo, el estado se ha comprometido a resolver barreras que presentan distintas instituciones nacionales garantes de derechos para garantizar el acceso a servicios oportunos, en vista de las barreras que enfrentamos las personas de la diversidad sexual por discriminación«.
Año violento para los homosexuales
De acuerdo con el informe de “Homicidios de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex en la República Dominica 2022”, el año 2022 ha sido el más violento para los hombres gais en los últimos 7 años. Desde que la organización TRANSSA empezó a documentar los homicidios contra esta población en el 2016. Por lo que cerraron este año con 12 homicidios, así como 3 homicidio a mujeres lesbianas y 2 a mujeres trans.
La principal problemática de estos crímenes es la falta de respuestas específicamente en los casos de mujeres trans, pues en 51 casos registrados desde el año 2006, solo se han obtenido 6 sentencias condenatoria. Estos crímenes son la mejor muestra de que se necesita un código penal inclusivo que pueda garantizar la acción de justicia contra los culpables de cometer delitos que afecten a las personas LGBTI y sanciones a los crímenes por prejuicios.
En el año 2019 a raíz del Examen Periódico Universal (EPU), el Gobierno de la República Dominicana, se comprometió a emprender las medidas necesarias para prevenir las detenciones arbitrarias basadas en criterios discriminatorios, adoptar legislación destinada a proteger a las personas LGBT contra la violencia de género, incrementar las medidas para mitigar y, en última instancia, eliminar las desigualdades sociales extremas en el país garantizando así el acceso de todas las personas a la atención de la salud, la educación y la vivienda en condiciones de igualdad que garanticen la protección de las personas LGBTIQ+. A la fecha ninguno de estos compromisos ha sido asumido por el estado.
