Derechos Humanos pide destituir director de prisiones por intoxicación de reclusos con drogas

Santo Domingo– La Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitó la intervención de la Justicia para investigar a las autoridades de la cárcel La Isleta, ubicada en Moca, luego de que se reportara la intoxicación de reclusos durante una alarmante competencia para determinar quién podía consumir más drogas.

Este escandaloso evento ha puesto en evidencia las graves deficiencias del sistema penitenciario en el país y ha despertado preocupaciones sobre la seguridad y los derechos humanos de los internos.

La intoxicación reciente de tres reclusos en Moca se añade a una lista creciente de incidentes que, según la Comisión, justifican la destitución inmediata de Roberto Hernández Basilio, actual director del Sistema Penitenciario.

Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, calificó este incidente como un claro signo de complicidad entre las autoridades penitenciarias y el narcotráfico, lo que pone en riesgo no solo a los reclusos, sino también a la sociedad en general.

Mercedes enfatiza que esta situación es absolutamente inaceptable y representa un problema grave dentro del sistema penitenciario.

Además, recuerda otros incidentes recientes que han sacudido al país, como el trágico incendio en la Penitenciaría de La Victoria el año pasado, que dejó decenas de fallecidos, y el descubrimiento de dispositivos electrónicos ilegales en la cárcel La Isleta.

Aseguran que todo esto resalta la urgente necesidad de llevar a cabo una reforma integral del sistema penitenciario para garantizar que se respeten los derechos humanos y se mantenga la seguridad dentro de las cárceles.

Piden investigación sobre consumo de drogas en cárcel

El abogado Cándido Simón subraya que es imperativo realizar una investigación exhaustiva sobre estos incidentes y adoptar medidas concretas para asegurar un entorno seguro y humano para todos los reclusos. La Comisión hace un llamado a las autoridades gubernamentales para que actúen con determinación y transparencia frente a estas graves acusaciones.

Este contexto exige una respuesta inmediata y efectiva por parte del gobierno. Es fundamental restaurar la confianza pública en el sistema penitenciario y garantizar un entorno seguro para todos los internos. La situación actual no solo afecta a quienes están tras las rejas, sino que también tiene implicaciones más amplias para la sociedad. La falta de control y supervisión en las cárceles puede perpetuar ciclos de violencia y criminalidad que afectan a toda la comunidad.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos y espera acciones contundentes por parte del gobierno para abordar estos problemas críticos en el sistema penitenciario.