Sectores productivos de la economía nacional piden al presidente NO promulgar reforma ley de residuos sólidos

Santo Domingo, RD.- Diversas asociaciones empresariales y gremios industriales han solicitado al presidente Luis Abinader abstenerse de promulgar el proyecto de reforma a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, advirtiendo sobre serias implicaciones económicas y operativas para el aparato productivo nacional.

Tal es el caso de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), que aunque reconoció las mejoras introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto aprobado en única lectura por el Senado, reiteró su rechazo a varios artículos que considera contradictorios con principios técnicos internacionales. Entre sus principales preocupaciones figuran el diseño de contribuciones especiales que podrían alcanzar hasta RD$8 mil millones anuales, y el porcentaje creciente del presupuesto nacional destinado al Fideicomiso DO Sostenible, que llegaría al 1% en 2030.

La AIRD destacó la falta de consultas previas en la versión original del Senado y expresó inquietudes por disposiciones como la tarifa mensual de RD$20 por habitante para la gestión de residuos municipales, lo cual, señalan, comprometería la maniobrabilidad del fideicomiso ante desafíos como la entrada en operación del vertedero de Duquesa.

Durante todo el proceso, sectores industriales han denunciado la imposición de cargas técnicas y fiscales sin respaldo en estudios ni diálogo sectorial. Pese a que algunas de sus sugerencias fueron acogidas, como la eliminación del uso obligatorio de resinas recicladas o tapas de polipropileno, y la inclusión del Ministerio de Hacienda en el consejo del fideicomiso, el núcleo de sus objeciones permanece sin respuesta.

Adocem llama a Abinader a considerar la no aprobación de ley de Residuos Sólidos

Entrevistada en CDN, Julissa Báez, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Productores de Cemento Portland (Adocem), expresó profunda preocupación por el artículo 20 de la ley, que obliga a las cementeras a utilizar combustibles derivados de residuos en sus hornos. Según Báez, esta medida no solo carece de base técnica, sino que podría afectar directamente la operatividad de la industria y los costos al consumidor final.

«En países donde se implementa este modelo, se trata de una colaboración estratégica entre el Estado y las industrias. Aquí nos quieren imponer una obligación sin que la industria esté preparada, lo que requeriría inversiones millonarias en la adaptación de hornos», explicó Báez, quien hizo un llamado al presidente Abinader a analizar profundamente la propuesta antes de promulgarla.

Otros gremios se suman

Otros gremios, como la Federación Dominicana de Comerciantes y la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), también pidieron el veto presidencial. Señalan que las cargas tributarias contempladas para los pequeños y medianos negocios son desproporcionadas. Por ejemplo, comercios que actualmente pagan RD$500 por la recolección de residuos pasarían a pagar RD$3,000. Empresas que facturan entre 8 y 10 millones anuales pasarían de RD$5,000 a RD$20,000, y aquellas entre 50 y 100 millones, de RD$90,000 a RD$260,000.

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), representada por su vicepresidenta ejecutiva Aguie Lendor, también manifestó su oposición. Asegura que la ley impacta negativamente al sector turístico, al limitar la creación de centros de valorización de residuos a uno por región, lo que pondría en riesgo las inversiones hechas por los hoteles en sostenibilidad. Lendor advirtió que esto podría llevar a muchos establecimientos a perder certificaciones internacionales vitales para atraer financiamiento verde.

Por su parte, la Cámara Americana de Comercio (Amchamdr) considera que la reforma afecta la competitividad del país y promueve prácticas monopólicas en la gestión de residuos. Además, denunció la exclusión del sector privado en el Consejo del Fideicomiso y la falta de vistas públicas durante el proceso legislativo.

Tanto Amchamdr como la AIRD, Asonahores, Codopyme y Adocem coinciden en que la reforma, tal como está redactada, impone cargas desproporcionadas, carece de rigor técnico y limita la libertad de empresa.

El proyecto de ley ya fue aprobado por ambas cámaras y está a la espera de la decisión final del presidente Abinader.

Legisladores piden vetar Ley de Residuos Sólidos

Aunque ya fue promulgada como ley, la nueva normativa sobre la gestión de Residuos Sólidos sigue generando amplias críticas. Estas provienen de distintos sectores productivos del país, incluyendo a legisladores que sugieren al Poder Ejecutivo observar la pieza debido a su impacto negativo.

Uno de los puntos más cuestionados son los aumentos en las tasas por el manejo de desechos. Esta medida ha recibido un rechazo contundente por parte del sector empresarial en relación con residuos sólidos. Especialmente, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipimes) aseguran que serán las más golpeadas económicamente.

La falta de consenso con que salió la normativa del Congreso Nacional es evidente. Esto ocurre incluso entre legisladores. El diputado del PRD, Ramón Raposo, pidió al Ejecutivo devolver la ley al Congreso.

Los sectores productivos hacen un llamado unánime para que se devuelva al Congreso y se realicen las modificaciones necesarias, garantizando así una legislación que fomente la sostenibilidad sin sacrificar la competitividad ni el equilibrio económico.