SANTO DOMINGO.- La defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso de corrupción Medusa, pidió al Ministerio Público una explicación del paradero de RD$ 776 millones de sobornos que habría recibido por concepto de sobornos el exjefe de Gabinete de la Procuraduría, Stefano Cano Sacco.
En la audiencia a realizarse el viernes, Jean Alain Rodríguez presentará su defensa. Pero el abogado Carlos Balcácer, quien le representa, desde ya insiste en saber dónde está ese dinero.
“Dónde están esos benditos 776 millones, dónde están los inmuebles, el dinero que se llevó su esposa española junto con él” expresó el abogado Carlos Balcácer.
24 de 40 imputados del caso Medusa asumieron la culpabilidad y declararon a favor de la acusación contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez.
Balcázar agregó que “Jonathan Rodríguez Imbert se atrevió, en primer lugar, a leer un guión que le preparó la Procuraduría General de la República” indicando que este leía porque el documento le fue enviado y así no existía espacio a la equivocación.
En la audiencia de este martes, el empresario Ismael Elías de Jesús Peña Tactuk, admitió haber pagado sobornos. Esto, para la construcción de una cárcel en Barahona.
“Nosotros tenemos una acusación blindada con un sustento probatorio bastante fuerte, el cual no puede ser de ninguna forma contrarrestado por los imputados de este proceso y por lo cual, muchos de ellos admitieron los hechos” indicó el fiscal Enmanuel Ramírez.
El empresario Ismael Elías de Jesús Peña Tactuk asumió la culpabilidad a cambio de un acuerdo de un año de prisión suspendida, el pago de más de cuatro millones de pesos y la suspensión del registro mercantil de la empresa que representa.
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El Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez denunció que la Procuraduría General (PGR) negoció bajo acuerdo oculto la libertad del exdirector general administrativo y financiero de la Procuraduría, Jonathan Joel Rodríguez Imbert. Esto, a cambio de que mintiera y señalara que todos sus actos irregulares obedecían a instrucciones del mismo y de Rafael Stefano Canó Sacco.
Destacaron que la PGR preparó un documento y obligó al exfuncionario a que lo leyera de forma literal como se observó en audiencia pública. Y que se evidenció en otros casos, accediendo este irresponsablemente a mentir a cambio de que le suspendieran el arresto domiciliario a partir del mes de julio de este año y una reducción de su condena. Todo ya negociado ante un eventual juicio de fondo del mismo.
La defensa de Jean Alain afirma que las declaraciones de imputados delatores no tienen fuerza jurídica en ningún tribunal. Esto, porque las mismas no crean prueba, dado que el Código Procesal Penal les permite mentir sin reproche alguno.
Asimismo, recordó que la doctrina mundial está conteste en que los imputados no son objetos de prueba. Solamente son aceptados para prueba propia de ellos, no para perjudicar a co-acusados.
Por Rafael Lara
