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Santo Domingo, RD.- En el pasado 2021 para hacer frente a los efectos de la pandemia por Covid-19, el Gobierno del presidente Luis Abinader decretó considerables reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones.
Actualmente y frente a la crisis por los enfrentamientos mundiales que dispararon el precio del petróleo y otros gastos, diversos sectores solicitan que se establezca medidas. Solicitan un decreto igual al 396-21 que abarque también las donaciones, obsequios, y otros mecanismos para reducir el gasto público.
El presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que el alza en el costo de la vida no puede ser justificada por factores internacionales. Sostuvo que los precios ya venían en aumento como consecuencia de la ineficiencia del Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmó que el país necesita un plan de austeridad para enfrentar el impacto del conflicto internacional, sin que el esfuerzo recaiga de manera desproporcionada sobre la población.
Andrés Navarro solicitó al Gobierno, la reducción del gasto superfluo, incluyendo el gasto excesivo en publicidad, como paso inicial para demostrar compromiso y coherencia.
Medidas para controlar el gasto
De acuerdo con el decreto emitido en el 2021, se establecía, además, la prohibición de salidas al exterior de servidores públicos en viajes oficiales que no cuenten con autorización previa y la consecuente compra de boletos aéreos.
Asimismo, las compras de vehículos de motor, excepto aquellos utilitarios que sean imprescindibles para la adecuada ejecución de las funciones a las que se asignen.
Igualmente, limitar las exoneraciones y exenciones de vehículos según lo establecen las correspondientes leyes aplicables. En cuanto a los vehículos oficiales, también que se prohíba su uso durante fines de semana y días feriados.
Además que se racionalice el uso del recurso humano asignado a instituciones y funcionarios, que se ordene a los ministros de Defensa.
Asimismo, También, de Interior y Policía a realizar una profunda revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas. Así como a servidores públicos. Además, dignatarios para reducirlo a la cantidad estrictamente necesaria y eficientizar su distribución.
También, se prohibió el uso de flanqueadores motorizados en desplazamientos de los servidores públicos, con claras excepciones como la del presidente. También, a vicepresidenta de la República, ministros de Defensa e Interior y Policía.
Además, el director general de la Policía Nacional, procuradora general de la República, comandantes generales de los cuerpos castrenses, presidente de la DNCD y el director del DNI.
En el caso específico de la Policía Nacional se ordena la reducción de personal asignado a instituciones y funcionarios en al menos un 50%.
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