Con andadores, cuellos ortopédicos y visibles secuelas físicas, víctimas del colapso del techo en la discoteca Jet Set acudieron este domingo al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se conocería la medida de coerción contra los hermanos Maribel y Antonio Espaillat, propietarios del establecimiento y acusados de negligencia en una tragedia que dejó 235 muertos y más de 180 heridos.
La audiencia fue aplazada para el miércoles a las 11 de la mañana por decisión del juez Rigoberto Sena.
“Yo lo único que quiero es que se haga justicia. Este trauma que uno tiene, esto no es fácil”, exclamó Chrismarlyn Encarnación, una de las sobrevivientes del desastre.
“A Antonio Espaillat hay que darle una medida para que esto le sirva como un mensaje a todo el pueblo, a la ciudadanía, para que seamos responsables”, añadió su abogado Plutarco Jaaquez.
Encarnación sufrió lesiones en la columna, pierna, brazo y cuello, pero aun así asistió al tribunal como muestra de su lucha por justicia.
El Ministerio Público, representado por Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución, reiteró la responsabilidad penal de los hermanos Espaillat.
“Estamos hablando de más de 130 niños huérfanos, niños que posiblemente antes del 8 de abril tenían su vida asegurada y ahora tienen un futuro incierto porque dos personas prefirieron poner sobre la vida y la seguridad de sus clientes sus intereses personales”, afirmó Camacho.
Maribel y Antonio Espaillat, acusado de homicidio involuntario
Los imputados enfrentan cargos por homicidio involuntario; sin embargo, varios abogados querellantes consideran que la acusación debe cambiarse a homicidio voluntario con dolo eventual para que las penas sean más severas.
“Tenemos homicidio voluntario con dolo eventual”, argumentó el abogado Félix Portes. “El Ministerio Público, lamentablemente, tiene la misma teoría de la defensa técnica. Es lo que yo digo, que los imputados no necesitan abogados porque tienen al Ministerio Público”, añadió.
Camacho insistió en que, por el bien de la investigación y la protección de los testigos, los imputados no deben estar libres. “La intimidación del testigo es un hecho corroborado en el proceso. Eso demuestra el peligro procesal de los imputados”, sostuvo el funcionario.
Por su parte, Miguel Valerio, abogado de Antonio Espaillat, expresó: “Nosotros entendemos que el Ministerio Público, por lo que leímos en los medios, porque ahí fue que nos enteramos de lo que hay, el caso está suficientemente avanzado, con lo cual la complejidad tal vez no es necesaria. Todavía no hemos recibido ese documento, vamos a revisarlo”.
Mientras la justicia delibera sobre el destino judicial de los hermanos Espaillat, en el Jet Set permanece el desolador recuerdo de las 235 víctimas que no corrieron con la misma suerte, cuyas vidas quedaron sepultadas entre los escombros.
Por Keren Lucas
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