El abogado y miembro de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, llamó a la Cámara de Cuentas a que se estrene realizando una investigación especial al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), por las irregularidades en licitaciones para adquirir útiles escolares, identificadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas informó que identificó presuntas irregularidades en unos 150 contratos adjudicados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), como parte de tres procesos de licitación destinados a suplir utilería escolar a centros educativos.
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil aclaró que fue la misma institución que detectó indicios de posibles irregularidades durante el proceso de licitación para la adquisición de los útiles escolares y que solicitó la intervención de la Dirección de Contrataciones Públicas y del Consejo Nacional de Defensa de la Competencia en el proceso de contratación.
Esta denuncia fue calificada como muy grave por el miembro de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, quien manifestó que hay suficientes elementos para que la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público y la Dirección General de Contrataciones Públicas inicien una investigación de inmediato contra los responsables de las irregularidades en la institución.
“Debería ser una oportunidad inclusive para que Víctor Castro solicite a la Cámara de Cuentas que se estrene con él y con el Inabie y la Cámara de Cuentas quede apoderada de una investigación especial sobre lo que aconteció en el Inabie con esas nueve empresas repletas de irregularidades porque todas alquilaban los locales donde supuestamente operaban al mismo precio los contratos de alquiler, firmaban personas que luego negaban su firma, la firma no coincidía con la que tenía su documento de identidad”, expresó Francisco Álvarez, miembro de Participación Ciudadana.
Inabie remite informe a ProCompetencia para fines de investigación
Entre las irregularidades detectadas figuran la presunta falsificación y alteración de documentos por parte de algunas empresas participantes y, según Inabie, en el mes de febrero, la institución remitió un informe a ProCompetencia para que investigue a nueve empresas ante la sospecha de prácticas que podrían afectar la libre competencia en perjuicio de otros oferentes.
“Cuando usted ve los vídeos de los talleres donde se estaban manufacturando las mochilas, los uniformes escolares, los zapatos, surgen serias dudas sobre la calidad de lo que se está manufacturando allí y creo que ese también es otro aspecto que hay que profundizar en la investigación y definitivamente tiene que haber alguien que hizo lo incorrecto y tal vez recibió dinero a cambio”, señaló Pancho Álvarez, miembro de Participación Ciudadana.
En nota de prensa, la institución aclaró que en febrero del presente año solicitó a la Dirección de Contrataciones Públicas la inhabilitación definitiva del Registro de Proveedor del Estado de cinco compañías, por detectarse falsedad y adulteración de documentos.
Inabie también informó que suspendió la firma y certificación de contratos con las compañías señaladas y ordenó la suspensión de todos los servidores públicos que participaron en dicha licitación.
Por Deyson Ovalles
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