Piden a alcaldesa Betty Gerónimo mediar en conflicto por terreno en comunidad del Higüero

Residentes de la comunidad El Higüero denunciaron que han sido despojados ilegalmente, por la Alcaldía de Santo Domingo Norte, de más de 60 tareas de tierra. Que, según afirman, les pertenecen en su condición de herederos de los primeros propietarios de esos terrenos desde hace más de 100 años.

La denuncia la hicieron representantes de la familia Taveras, quienes pidieron a la alcaldesa Betty Gerónimo tomar las medidas de lugar, a los fines de evitar un accionar que tildan de abusivo e ilegal.

“Este terreno lo tiene ocupado con siembras hace años. La casa materna de nuestros abuelos está aquí, nosotros lo teníamos cercado con alambres y le pasaron una pala el sábado”, manifestó Balbarín Taveras, denunciante.

“El ayuntamiento de Santo Domingo Norte no tiene nada que buscar aquí, puesto que, esta familia tiene alrededor de 200 años ocupando esta tierra. No vemos la razón para que ellos estén aquí y atribuimos que la alcaldesa no tiene el conocimiento y de tenerlo procederemos como ya lo estamos haciendo ante los tribunales del país”, afirmó Rafael Morillo, abogado de la familia Taveras.

Las más de 60 tareas están ubicadas en la comunidad Amor de Dios, un subsector del Higüero, en Santo Domingo Norte.

En Alas de la Libertad denuncian agresiones por terrenos

En otro hecho separado, se recuerda que el pasado 19 de enero los residentes del sector Alas de la Libertad, en Santo Domingo Este, detrás de la Base Aérea de las Fuerzas Armadas, denunciaron que el Gobierno subastó públicamente los terrenos que ellos adquirieron de buena fe hace más de 18 años. Este sector se ha desarrollado con calles, contenes, tendido eléctrico y escuelas, gracias a gestiones de gobiernos anteriores.

“Cualquier constructora que compre estos terrenos con nosotros aquí, que sepa que para entregarlos, habrá sudor, lágrimas y sangre porque nadie está dispuesto a permitir que lo desalojen”, manifestó, Jorge Luis Lorenzo Paulino, abogado.

Con la decisión del Gobierno, unas 350 familias que ocupan el 33 por ciento de las parcelas 37C reformada una y dos estarían en un limbo, luego de invertir sumas millonarias en el desarrollo del sector.