El abogado penalista Pedro Balbuena rechazó las acusaciones de que los abogados de defensa utilizan tácticas para dilatar intencionalmente los procesos penales con el fin de evitar que estos se conozcan dentro de los plazos razonables establecidos por la ley. Balbuena aseguró que la defensa activa es una parte esencial del debido proceso y no puede interpretarse como un obstáculo injustificado a la justicia.
Balbuena explicó que, en muchos casos, la defensa se limita a ejercer su legítimo derecho a proteger los intereses de sus representados mediante los mecanismos procesales disponibles, y que ello no debe confundirse con un intento de manipular artificialmente la duración de los procesos. Señaló que culpar a los abogados por ampliar los tiempos judiciales equivale a desconocer el papel constitucional que tiene la defensa en un sistema de justicia penal.
Estas declaraciones se ofrecieron durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, que se transmite de lunes a viernes por CDN, canal 37, a las 10:00 p. m. En la entrevista, Balbuena abordó diversos aspectos técnicos del derecho procesal penal. También explicó la interpretación judicial de los plazos de los procesos.
Balbuena destaca la importancia de la defensa proactiva en un juicio justo
Balbuena recalcó que la existencia de un plazo razonable en la ley debe ser respetada por todas las partes, incluyendo el Ministerio Público. Aclaró que la flexibilidad en la interpretación de esos plazos no obedece a maniobras defensivas. Según explicó, esto responde más bien a una confusión sistémica sobre cómo aplicar las normas vigentes. “Una defensa que actúa proactivamente para procurar que el caso se maneje adecuadamente no puede ser cuestionada por el solo hecho de usar los recursos procesales a su alcance”, señaló.
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El experto jurídico agregó que los retrasos en los procesos penales suelen originarse por la complejidad de los casos. Señaló que la preparación de expedientes extensos con múltiples imputados también contribuye a estas demoras. Además, mencionó la manera en que el Ministerio Público articula sus acusaciones como otro factor. Subrayó que, aunque la ley establece un tiempo límite para el desarrollo del proceso, la realidad operativa de casos complejos hace difícil cumplir estrictamente con esos plazos sin desatender garantías fundamentales.
Derecho a una defensa efectiva no queda limitado a la pasividad
Balbuena también enfatizó que el derecho a una defensa efectiva no queda limitado a la pasividad. “Si la defensa se quedara esperando simplemente la decisión del Ministerio Público sin reaccionar, no estaríamos ante un proceso justo”, afirmó. Añadió que la defensa penal tiene la obligación de refutar pruebas y proponer medidas. También debe hacer valer todos los instrumentos legales para asegurar que el proceso se conduzca de manera adecuada y con respeto a las garantías constitucionales.
Finalmente, el jurista insistió en que la discusión sobre la duración de los procesos penales debe centrarse en fortalecer.