SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía de Santo Domingo, solicitará medida de coerción consistente en prisión preventiva contra siete militares que, alegadamente aprovechando sus puestos de trabajo en el Departamento de Material Bélico del Ministerio de Defensa, ingresaron de manera irregular 220 armas de fuego al país, dándoles apariencia lícita.
Tras meses de investigación conjunta el Departamento de Control de Armas y de Inteligencia del Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría Especializada en Tráfico de Armas y la Fiscalía de Santo Domingo, detectaron que desde el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego, especialmente de marcas costosas como la Glock y Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de RD$300,000, a pesar de la veda existente para la importación de todo tipo de armas de fuego mediante decreto número 309-06.