SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana demandó este domingo de los miembros del Senado garantizar seguridad, previsibilidad y certeza jurídica en el proceso de elección y designación de los miembros y suplentes de la Junta Central Electoral (JCE).
A través de un comunicado, sentenció que los senadores “están sometidos al ordenamiento jurídico, por lo tanto tienen que actuar como debe y no como quieren”.
Agregó que “la facultad constitucional atribuida para elegir a los miembros y suplentes de la JCE, supone un efectivo sometimiento a la Constitución, a las demás leyes y a su reglamento, es decir, que el Senado tiene que actuar como debe y no como quiere”.
También pidió depurar la lista de los preseleccionados por la Comisión Especial, ya que no deben ser cuestionados por sus acciones irregulares del pasado, ni por su vinculación partidaria ni por lealtades políticas firmemente afianzadas que constituirían elementos centrales a la hora de tomar decisiones electorales fundamentales.
Al mismo tiempo, lamentó “que se preseleccionaran ternas sin que sus competencias estuvieran reguladas, metodología establecida y procedimiento definido porque no obstante el mandato reglamentario de ´elaborar una metodología y el procedimiento procedente´, esto no se realizó, atentando contra la garantía de la transparencia, idoneidad, participación y representación plural de la matrícula definitiva de la JCE”.
Recordó además que la designación de los miembros titulares y los respectivos suplentes, debe ser por las dos terceras partes de los senadores presentes reunidos en sesión del Pleno. Sin embargo, en los medios de comunicación aparecen intervenciones de senadores y de su presidente, sugiriendo nombres de personas e informando el consenso de un bloque partidario sobre quién podría ser el presidente del órgano electoral, situación que contamina el procedimiento de elección y genera más desconfianza de la ciudadanía sobre la legalidad del proceso.
“Las indelicadezas y faltas constituyen elementos que afectan el ejercicio de las funciones y competencias constitucionales, legales y reglamentarias. Las actuaciones y declaraciones de algunos miembros del Senado son motivos suficientes para descalificarlos al momento de decidir en la designación, porque ya han manifestado sus preferencias y simpatías, situación nociva que afecta la legalidad del proceso”, prosiguió en el comunicado.
