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Patricia Santana Nina, abogada constitucionalista, durante entrevista en Despierta con CDN analizó los posibles conflictos constitucionales del recientemente aprobado Código Penal dominicano. Señala que la exclusión de las tres causales para el aborto colisiona con principios constitucionales que protegen a mujeres y niñas. Estos principios son la igualdad, dignidad, derecho a la vida y acceso a la salud sin discriminación.
Respecto a la discriminación, advierte que aunque el código protege contra ella, incluye párrafos que permiten invocar libertad de expresión. También menciona objeción de conciencia o requisitos institucionales para discriminar, restando eficacia a la protección.
Un punto crítico es la exención de responsabilidad penal para partidos políticos, iglesias y entidades públicas. Santana Nina considera esto preocupante, especialmente en casos de abusos sexuales por miembros de iglesias o negligencias estatales como derrumbes de infraestructuras públicas. Esto obliga a las víctimas a buscar reparación solo por vía civil.
Cuestionamiento
La especialista cuestiona la constitucionalidad de penas acumulativas de hasta 60 años, contradiciendo el principio constitucional de resocialización. También señala problemas con artículos sobre «disciplina» a menores, que podrían permitir castigos físicos y psicológicos.
Respecto a la libertad de expresión, identifica restricciones desproporcionadas como la tipificación del ultraje mediante gestos y limitaciones para grabar arrestos. El tipo penal de espionaje, aunque mejorado, sigue representando amenazas para periodistas e investigadores.
Finalmente, Santana mencionó la preocupación por la redacción limitada del delito de prevaricación. También confirma que durante el año de vacatio legis pueden interponerse acciones ante el Tribunal Constitucional contra aspectos cuestionables del código. Ella anticipa numerosas impugnaciones.
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