Santo Domingo. La organización cívica no partidista Participación Ciudadana expresó su respaldo al inicio de las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), a raíz de denuncias difundidas por medios de comunicación y sectores de la oposición.
La entidad valoró positivamente la intervención del Ministerio Público, así como los esfuerzos de la Unidad Antifraude de la Contraloría General y la Cámara de Cuentas. Y calificó de oportuno que la Dirección General de Contrataciones Públicas haya emitido una resolución contra uno de los procesos administrativos considerados irregulares en dicha institución.
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En un comunicado, Participación Ciudadana afirmó que los hechos revelan graves deficiencias de gestión, falta de transparencia, prácticas corruptas y clientelismo, que han derivado en un déficit financiero de varios miles de millones de pesos, afectando directamente la entrega de medicamentos, los pagos a prestadoras de servicios de salud, y la sostenibilidad del sistema.
Privatizar servicios esenciales de salud
La organización también manifestó su preocupación por la intención de privatizar servicios esenciales de salud, especialmente en la red de atención primaria, a través de contratos ya difundidos, los cuales, según la nota, perjudican el interés general y debilitan la legitimidad institucional.
“Cuando la contratación se da sin una regulación adecuada, sin transparencia, y bajo esquemas que priorizan el lucro sobre el bienestar colectivo, el resultado es perjudicial para la mayoría de la población, especialmente los más vulnerables”, advierte la entidad.
Participación Ciudadana considera que el caso no solo involucra a Senasa, sino también a un entramado de actores del sector salud, tanto públicos como privados, que deben ser investigados a fondo por las autoridades competentes.
En ese sentido, saludó la decisión del Poder Ejecutivo de remitir los hallazgos al Ministerio Público, y exhortó a este órgano a actuar con firmeza para evitar que prevalezca la impunidad.
“Exigimos consecuencias sobre aquellos que resulten responsables, sin importar cargos, afinidades políticas o el rol que desempeñen en el ámbito público o privado”, subraya el comunicado.
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Finalmente, Participación Ciudadana recordó que la corrupción en el sector salud representa no solo un desvío de recursos, sino una traición al deber de proteger la vida y el bienestar de la ciudadanía. Llamó a reforzar los sistemas de control y garantizar que la salud sea tratada como un derecho inalienable, no como un negocio.
