Santo Domingo, RD. – El movimiento cívico Participación Ciudadana denunció que el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional está conociendo el juicio contra Jean Alain Rodríguez en contradicción con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Procesal Penal, debido a la forma en que actualmente se están ventilando los incidentes presentados por los imputados.
La organización destacó que esta situación constituye el hallazgo más relevante de su octavo informe del Observatorio de Casos de Corrupción Administrativa, el cual está dedicado exclusivamente al seguimiento del caso Jean Alain Rodríguez y compartes.
En el informe se señala que, desde el envío del proceso a juicio de fondo, se han convocado 22 audiencias en las que solo se han conocido incidentes, en contradicción con la normativa procesal, que establece que estas cuestiones deben resolverse en un único acto y sin provocar la postergación del juicio.
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Participación Ciudadana recordó que las medidas de coerción contra los imputados fueron dictadas el 14 de julio de 2021, por lo que el proceso cumplirá cinco años en julio próximo. Asimismo, indicó que el juicio preliminar se extendió por cerca de dos años, con un total de 95 audiencias.
El juicio de fondo, fijado para el 23 de septiembre de 2024, se ha reenviado en 22 ocasiones durante los 18 meses siguientes, sin que se haya podido iniciar el conocimiento del fondo del caso.
La entidad advirtió que esta dilación pone en riesgo los procesos de gran corrupción. El motivo es la posible extinción de la acción pública, debido al vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.
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Estrategia de los imputados
En ese sentido, señaló que la estrategia de la mayoría de los imputados consiste en introducir incidentes. Su objetivo principal es prolongar los procesos hasta alcanzar los cuatro años sin una sentencia al fondo.
El informe también recuerda que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que el plazo de duración máxima debe ser razonable y no una limitación rígida. Esto tomando en cuenta la complejidad del caso, la actividad procesal de los imputados y la conducta de las autoridades judiciales.
De igual manera, el Tribunal Constitucional ha reconocido que existen procesos cuya complejidad requiere un mayor tiempo para su conocimiento. Esto no implica una vulneración al debido proceso, siempre y cuando la demora esté debidamente justificada.
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No obstante, Participación Ciudadana enfatizó que, tras un año y ocho meses, el juicio de fondo aún no ha iniciado. Este retraso evidencia la urgencia de que el país rompa con los patrones de impunidad que han caracterizado a la corrupción en las últimas décadas.
Finalmente, la organización advirtió que el nuevo Código Penal introducirá sanciones más severas, entre 3 y 20 años de prisión, a partir de este año. Sin embargo, persiste una debilidad estructural en el sistema para aplicar las penas actuales de forma efectiva. Esto genera dudas sobre si las nuevas disposiciones se cumplirán realmente.