Procuradora ordena investigación penal por afectaciones en áreas protegidas

La procuradora general Yeni Berenice Reynoso ordenó una investigación penal exhaustiva sobre presuntas ocupaciones ilegales y fraudes inmobiliarios en varias áreas protegidas del país, incluyendo el Parque Nacional Jaragua y Valle Nuevo, y designó una fuerza de tarea especial para determinar posibles responsabilidades penales.

Marianny Valdez15 de febrero de 2026 | 2:08 pm

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Santo Domingo.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó la apertura de una investigación exhaustiva e inmediata sobre presuntas afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país.

La disposición incluye zonas como el Parque Nacional Jaragua, Bucanyé. También Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, las Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino.

Para tales fines, la magistrada designó una fuerza de tarea especial coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. El equipo está integrado por representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren), la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la Unidad de Investigación Inmobiliaria y la Oficina del Abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central.

La investigación deberá abarcar todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad o acciones privadas que comprometan la integridad de las áreas protegidas.

Qué se busca con la investigación

El objetivo es determinar la posible existencia de entramados criminales. Así como actos de corrupción, falsificación o prevaricación que hayan facilitado la apropiación irregular de patrimonio público natural.

Asimismo, la Procuraduría dispuso la elaboración de un informe conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre la situación jurídic. También sobre el impacto de los delitos medioambientales en las 134 áreas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).

La decisión forma parte de un reenfoque estratégico del Ministerio Público para fortalecer la persecución de delitos ambientales. Los mismos que, según la institución, deben ser tratados con la misma rigurosidad que el crimen organizado. Esto debido a su impacto, muchas veces irreversible, sobre el patrimonio natural y la seguridad hídrica del país.