A solicitud del Ministerio Público, una jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional, y el capitán Nelson Valdez, junto a otros acusados de sustraer y comercializar municiones y pertrechos policiales.
El Ministerio Público estuvo representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, y los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Ysabel. Los representantes del órgano acusador solicitaron durante la audiencia preliminar que los imputados se envíen a juicio.
La jueza Patricia Padilla rechazó la solicitud de procedimiento penal abreviado presentada a favor de Miguelina Bello Segura. Además, ordenó la continuación del proceso en su contra.
Por otro lado, Marino Antonio Rodríguez Toribio resultó condenado a cinco años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario. Además, el tribunal ordenó la clausura definitiva de la razón social Tactical Accesories RH, S.R.L., representada por el procesado.
Acuerdo entre imputados y Ministerio Público
Rodríguez Toribio también deberá pagar una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público. Asimismo, el tribunal ordenó el decomiso de los bienes incautados.
La condena se produjo luego de que el tribunal acogiera parcialmente un acuerdo entre el Ministerio Público y el procesado.
Junto a Féliz Romero y Valdez, quienes estaban a cargo de la Intendencia de Armas y del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la Policía Nacional, respectivamente, fueron enviados a juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.
El tribunal también varió la prisión preventiva de Féliz Romero, Valdez, Martínez Bacilio, Díaz Medina y Medina Pérez. En su lugar, impuso una garantía económica de 500 mil pesos, mediante contrato de fianza con una compañía aseguradora.
Además, los imputados tienen impedimento de salida del país sin autorización judicial y deben presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.
En el caso de Santos Rodríguez, se mantienen las medidas de coerción que ya cumplía. Mismas, consistentes en garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica.
La decisión de apertura a juicio se notificó mediante la Secretaría del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
La persecución a la estructura criminal
El grupo fue arrestado en noviembre de 2024 durante la Operación Pandora. El Ministerio Público lo acusa de integrar una estructura de corrupción que habría provocado un perjuicio al Estado de RD$92,191,732.92.
Según la acusación, los implicados sustrajeron miles de municiones y pertrechos que permanecían bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión de Féliz Romero.
La Pepca acusa a varias personas de participar en la sustracción y posterior venta ilícita de proyectiles, armas y explosivos pertenecientes a la institución.
De acuerdo con el expediente, los acusados habrían participado directamente en maniobras para distraer bienes propiedad de la Policía Nacional y comercializarlos de manera ilícita, con el propósito de obtener beneficios económicos en perjuicio del Estado dominicano.
El Ministerio Público imputa a los procesados los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, en violación de varios artículos del Código Penal dominicano.
También los acusa de infringir la Ley 631-16 sobre Armas y de incurrir en legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios, además de violaciones a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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