Santo Domingo, RD. – El Ministerio Público solicitó al Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional que imponga una medida de 18 meses de prisión preventiva a cuatro individuos acusados de integrar una estructura de piratería digital. Esta fue desarticulada en la denominada operación Domo.
Los imputados son Leonardo Alberto Casci Ocumarez, Raúl Ernesto Guzmán Lora, Keomirys Torres López y Víctor Luis Torres López. Ellos presuntamente se dedicaban a la comercialización ilegal de señales televisivas y servicios de streaming pertenecientes a compañías internacionales de entretenimiento.
La solicitud fue presentada por el órgano acusador con el propósito de evitar riesgos de fuga y garantizar el desarrollo de la investigación. Esta investigación ha sido calificada como de gran complejidad debido al alcance internacional de las operaciones ilícitas. Además, por el volumen de pruebas recopiladas y el nivel de sofisticación tecnológica empleado.
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El caso está bajo la representación de un equipo de fiscales especializados. Entre ellos, Jonathan Baró Gutiérrez, procurador general de Corte de Apelación y coordinador de la Unidad de Propiedad Intelectual; José Agustín de la Cruz Santiago, titular de Pedatec; y Rosalba Ramos Castillo, fiscal del Distrito Nacional. Junto a ellos están otros procuradores y fiscales de apoyo.
Red internacional de piratería digital
De acuerdo con los resultados preliminares de la investigación, los acusados operaban en perjuicio de productoras y distribuidoras de renombre mundial. Estas incluyen Paramount Pictures, Sony Pictures, Warner Bros., Netflix, Disney, Amazon Studios y Universal Studios. También perjudicaban al Estado dominicano.
La estructura utilizaba páginas como IPTV66 y servidores privados. De esta forma, ofrecían accesos ilícitos a más de 1,400 canales de televisión y 14,000 películas y series, incluyendo contenidos exclusivos de plataformas de suscripción. El esquema consistía en vulnerar los sistemas de seguridad de dichas compañías. Luego, descifraban las claves de acceso y revenderlas bajo la modalidad de suscripciones ilegales.
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El Ministerio Público determinó que estas operaciones se financiaban mediante transacciones en bitcoins y movimientos en cuentas bancarias nacionales e internacionales. En una sola dirección vinculada a la red, se identificaron más de US$9.7 millones en operaciones financieras. Además, hubo depósitos superiores a RD$285 millones y más de US$1 millón en cuentas locales.
Operativo conjunto e incautaciones
La Operación Domo fue ejecutada en coordinación con agentes del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Dicat). También el Departamento Especial de Investigaciones de Delitos Transnacionales (Deidet) de la Policía Nacional. Contaron con la colaboración internacional de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
Durante los allanamientos realizados en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y Jarabacoa, las autoridades confiscaron equipos tecnológicos, documentos y vehículos. Estos utilizados para facilitar la actividad ilícita.
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El Ministerio Público tipificó provisionalmente el caso como violación a la Ley 65-00 sobre Derecho de Autor. Adicionalmente, la Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Todo esto, en perjuicio de las empresas afectadas y del Estado dominicano.
Antecedentes y alcance de la investigación
El Ministerio Público explicó que esta red ya registraba precedentes internacionales. Pues las autoridades de Estados Unidos condenaron en 2017 a algunos de sus integrantes por hechos similares de piratería digital.
Las investigaciones revelaron que el grupo aplicaba avanzadas técnicas tecnológicas para descifrar sistemas de seguridad de plataformas de televisión por suscripción y streaming. El objetivo era revender accesos ilegales tanto en República Dominicana como en otros países.
El modelo de negocio ilícito incluía el uso de criptomonedas como medio de pago. Esto permitió movilizar ganancias millonarias que los implicados colocaron posteriormente en el sistema financiero formal para darles apariencia de legalidad.
El Ministerio Público reiteró que este proceso se enmarca dentro de su política integral contra la criminalidad organizada. Hay un énfasis en la defensa de la innovación, el comercio legítimo y la protección de los derechos de autor en la República Dominicana, bajo la dirección de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
