Santo Domingo, RD.- La Operación Camaleón fue el nombre dado por el Ministerio Público a la investigación realizada en contra del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras y al empresario de Transcore Latam, Jochi Gómez.
Además de Beras y Gómez, están siendo investigados cinco personas más, por supuestamente pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Los implicados son Frank Rafael Atilano Díaz Warden, coordinador de Despacho y Representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant y Carlos José Peguero Varga, encargado de los asuntos técnicos e informático de Jochi Gómez
Los detenidos permanecen bajo custodia en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Detalles de la operación
Según el Ministerio Público, la operación se llevó a cabo en la noche del 2 de octubre de 2024. La misma con allanamientos en residencias y empresas ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. Además de un total de aproximadamente 170 efectivos de la Policía Nacional, junto con unidades especiales. También más de 30 fiscales especializados en crimen organizado, participaron en este despliegue.
Durante los operativos, se incautaron cientos de evidencias que respaldan las acusaciones del Ministerio Público, motivo que lo llevó a catalogar esta operación como una de las más exitosas en su lucha contra el crimen organizado. Se reportó que el procesamiento de las evidencias en algunos allanamientos se prolongó por más de 12 horas.
Entre los delitos investigados se encuentran un contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo. También un contrato ilegal firmado en junio de 2020 entre el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix. El mismo se utilizó para usurpar funciones de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado. También se investiga un sabotaje ocurrido en agosto contra la red semafórica de la capital.
