SANTO DOMINGO.– Una de las más amplias ofensivas contra el narcotráfico internacional en República Dominicana avanza a una nueva fase judicial. Este martes, el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para concluir la investigación del caso Operación Búfalo NK, una red transnacional de narcotráfico que movilizaba drogas desde Colombia y Venezuela hacia Estados Unidos y Europa.
La decisión fue adoptada por la jueza Yanibeth Rivas, quien acogió la solicitud del órgano acusador para extender el plazo antes de presentar la acusación formal contra los diez imputados del expediente.
¿Qué es la Operación Búfalo NK?
La Operación Búfalo NK fue desplegada en septiembre de 2024 como parte de un operativo simultáneo por aire, mar y tierra que abarcó las provincias Santo Domingo. Así como Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná.
Coordinada por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con apoyo del Ministerio de Defensa, organismos de inteligencia del Estado y la colaboración de agencias como la DEA y el Comando Sur de Estados Unido. La operación logró desmantelar una estructura criminal que operaba entre Colombia, República Dominicana y Puerto Rico.
¿Cómo operaba la red?
Los imputados utilizaban lanchas rápidas y barcos pesqueros para trasladar cargamentos de droga desde Colombia y Venezuela hasta Puerto Rico, Estados Unidos y Europa. Una vez en territorio dominicano o puertorriqueño, los integrantes de la red redistribuían las sustancias, lo que aumentaba su valor en los mercados internacionales.
La investigación incluye más de 200 páginas y revela una estructura con todos los elementos del crimen organizado: tráfico internacional de drogas, lavado de activos y asociación de malhechores.
Pruebas clave: Telegram y llamadas interceptadas
Según el Ministerio Público, las interceptaciones telefónicas y mensajes en la aplicación Telegram fueron decisivos para ubicar a los principales cabecillas y lograr la incautación de aproximadamente dos toneladas de cocaína.
Uno de los líderes, Rafael Ynoa Santana, mantenía comunicaciones constantes con Juan Carlos López Macías, alias El Sobrino, donde discutían detalles logísticos sobre los envíos de drogas.
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Medidas de coerción
El juez Rigoberto Sena declaró complejo el proceso el 5 de octubre de 2024 y dictó prisión preventiva contra ocho de los imputados, incluyendo a:
Rafael Ynoa Santana (presunto cabecilla)
Isidoro Rotestán Clase
Juan Bolívar Hernández
José Antonio Toribio
Juan Henríquez Tavárez
Severiano Núñez Pichardo
Robert Nicolás Acosta Adames
Cristian Esteban Alcántara Javier
Estos permanecen en los centros penitenciarios de La Romana y Najayo Hombres, en San Cristóbal.
A las imputadas Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana se les impusieron medidas de coerción menos gravosas: impedimento de salida. Y garantías económicas de RD$500,000 y RD$200,000 respectivamente.
Durante la audiencia de coerción, tres de los acusados, entre ellos Ynoa Santana y su pareja sentimental Germania Román, admitieron su participación en los hechos.
