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Omar Fernández busca inhabilitar para cargos públicos a condenados por tráfico ilegal

Omar Fernández: “Siempre enfrentaré cualquier intento de coartar la libertad de expresión”

Santo Domingo, RD. – El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, expresó su respaldo a que el Congreso Nacional dé respuesta urgente a los hechos relacionados con el tráfico ilegal de personas.

De igual forma, propuso una sanción permanente contra funcionarios públicos involucrados en este delito.

Fernández recordó que es proponente de iniciativas vinculadas al control migratorio y al combate de actos de corrupción cometidos por militares y servidores públicos que participan en el tráfico de haitianos.

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En tal sentido, planteó que cualquier funcionario o militar condenado por este delito quede inhabilitado de por vida para ejercer funciones en el Estado.

“Para mí lo lógico es que quien cometa un acto o un delito, un crimen de lesa patria, cuanto menos debería recibir, además de la pena privativa de libertad, el que no se le permita otra vez ser funcionario”, expresó el senador.

La propuesta, reenviada a comisión para su análisis, genera debate. Algunos sectores señalan que podría ser inconstitucional o desproporcionada, pero Fernández defendió su planteamiento argumentando que sería “irracional” permitir que quienes traicionen a la patria vuelvan a ocupar cargos públicos.

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En otro orden, el legislador afirmó que no ha sentido presiones de parte del sector empresarial en la discusión del nuevo Código Laboral. Asimismo, garantizó que la comisión legislativa está revisando el documento “con prudencia y mesura”.

También pidió a la ciudadanía no temer por la eliminación de derechos como la cesantía.

“El pueblo dominicano puede estar tranquilo. Vamos a sacar la mejor pieza posible para todos”, concluyó.

Propuesta del Poder Ejecutivo por tráfico ilegal

El proyecto que envió el Poder Ejecutivo plantea la sanción de cinco años de suspensión ante la primera comisión de este delito. Asimismo, de 10 años en caso de reincidencia.

La propuesta del senador Omar Fernández plantea sancionar, además de prisión, con 10 años de inhabilitación en servicio público en la primera ocasión y nunca más en caso de reincidir.

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